El alcalde de Alhaurín pidió 100.000 euros de soborno, según la policía

La policía ha aportado a la juez datos de que el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, supuestamente pidieron 100.000 euros a un promotor por una licencia urbanística, dinero que alegaron era para financiar actividades municipales, no para ellos. El PP ha encargado un informe jurídico sobre las actuaciones policiales, que entiende han sido "desproporcionadas, desmesuradas e injustificadas".

La juez Isabel María Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Coín, impuso la tarde del viernes sendas fianzas de 100.000 euros a los dos ediles, del PP, a los que imputa la comisión de presuntos delitos de cohecho y prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción inició las actuaciones por la denuncia del promotor afectado, un pequeño empresario de la localidad, que habría aportado algunas pruebas de la extorsión.

La Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol ha investigado el caso durante unos tres meses, y ha practicado escuchas telefónicas que han resultado determinantes para la imputación de Martín Serón y Guerra.

Fuentes del PP han negado que se trate de una extorsión e inscriben el hecho en las donaciones "habituales" que algunas empresas hacen a los ayuntamientos para colaborar en la financiación de actividades municipales. "Hemos podido meter la pata, pero nunca hemos metido la mano", dijo Martín Serón tras quedar en libertad.

El pasado abril, el PSOE denunció a la fiscalía varias donaciones de entre 6.000 y 23.000 euros al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande por varias sociedades, algunas de ellas constructoras, que habrían obtenido a cambio algún trato beneficioso del consistorio en concesiones de obras o licencias. La fiscalía archivó la denuncia.

La dirección del PP sigue sin tomar ninguna medida disciplinaria contra Martín Serón, que es miembro de la directiva regional de Andalucía y diputado provincial en Málaga, y Guerra, amparándose en el derecho a la presunción de inocencia y a la falta de información suficiente sobre el caso, sobre el que la juez ha decretado el secreto del sumario.

Pero este llamamiento a la prudencia contrasta con las críticas de los propios dirigentes del PP hacia las actuaciones judicial y policial. El secretario general en Andalucía, Antonio Sanz, explicó ayer que ha encargado un informe jurídico porque "pueden producirse dudas sobre si todos los actores -Udyco, fiscalía y la juez- y todos los pasos del procedimiento y las diligencias han sido correctos o no", informa Fernando Pérez Monguió. El presidente provincial en Málaga, Joaquín Ramírez, se preguntó por qué las detenciones se produjeron "ese día y a esa hora" y "precisamente en Marbella". Martín Serón y Gregorio Guerra fueron arrestados la tarde del jueves en Marbella, después de asistir a un almuerzo-mitin presidido por Mariano Rajoy.

Ningún dirigente del PP ha desautorizado tampoco las graves acusaciones que hizo el viernes Martín Serón, que dijo que en España "hace falta una revolución" contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero, a quien tildó de "descerebrado" bajo cuyo mandato se ha producido una pérdida de libertades y de democracia; y que "los etarras están en la calle mientras se mete a los alcaldes honrados en la cárcel".

El PSOE ha pedido la dimisión de Martín Serón, porque, "más allá de lo que haya hecho, estas afirmaciones son intolerables y le colocan fuera del sistema democrático". El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, exige al PP que lo desautorice porque "ha insultado a la ciudadanía y al poder judicial".