La Fiscalía investiga si el PP de Náquera cobró comisiones

La Fiscalía General del Estado ha concedido a la Fiscalía de Valencia la prórroga que solicitó para continuar investigando una trama en la que supuestamente están implicados Salvador Pérez, Ricardo Arnal y Francisco Arnal (alcaldes de Náquera) y el que fuera arquitecto técnico municipal José Piquer, por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociación prohibida, entre otros, en relación con la ejecución de tres PAI y el destino de un solar del Ayuntamiento. Esas operaciones supuestamente irregulares podrían estar relacionadas, y así lo investiga la Fiscalía, con el pago de comisiones al PP a cambio de la obtención de recalificaciones de terrenos.

La Fiscalía ha tomado declaración a algunas de las personas que aparecen relacionadas con la aprobación de recalificaciones de terrenos en los que se dio luz verde a tres polígonos industriales y a una permuta de terrenos municipales. Una de las operaciones sospechosas para la fiscalía está relacionada con la autorización de la instalación de una plataforma de depósito y reparación de contenedores de la empresa Recomar en unos terrenos fronterizos con la Sierra Calderona. Las operaciones sobre esos terrenos, el pago de cuotas por su uso cuando esa liquidación no debía haber existido porque la mercantil ya era propietaria de los mismos, según fuentes de Fiscalía, alertó de una posible irregularidad sobre el destino de esos pagos. La Fiscalía busca el destino de esas cantidades y una línea de investigación apunta al posible cobro de comisiones para que, como ocurrió, los terrenos (sobre los que la empresa inició una actuación sin licencia que hizo que el Ayuntamiento abriera un expediente sancionador con orden de desahucio que nunca prosperó) se recalificaran.

Traslado desde Natzaret

Recomar S.A. tuvo que trasladarse de Natzaret después de que un camionero atropellara a un niño y fuera asesinado por la familia del pequeño. En 2002, la mercantil llegó a un acuerdo con el entonces alcalde socialista de la localidad de Náquera, Francisco Arnal, para ocupar una parcela colindante con el Parque Natural de la Serra Calderona. El alcalde firmó una declaración de interés comunitario para el uso del suelo con fines industriales, aunque la protección que tenía la parcela no permitió legalizar la operación. El Ayuntamiento acabó por abrir un expediente y multar a la mercantil. Pero el hecho es que Recomar ha mantenido su actividad en la misma ubicación. Y entre tanto, se produjo la aprobación del primer Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, en el que quedaron convertidos en suelo industrial los 70.000 metros cuadrados que antes no lo eran.

En este caso, que ahora incorpora a los delitos iniciales el posible pago de comisiones ilegales, la Fiscalía indaga también a empresas interpuestas en las que aparecen el empresario Gil Garrido (aunque él niega cualquier relación) y el que fuera arquitecto técnico del ayuntamiento, José Piquer.