El juez reactiva la orden de detener a los militares de EE UU que mataron a Couso

El juez Santiago Pedraz reactivó ayer la orden de detención internacional a efectos de extradición de los tres militares estadounidenses que el 8 de abril de 2003 mataron con un disparo de tanque al cámara de Tele 5 José Couso, que se encontraba en el piso 15 del hotel Palestina, desde donde cubría informativamente la toma de Bagdad por los norteamericanos. La orden había quedado sin efecto cuando la Audiencia decidió archivar el caso, pero la familia de Couso recurrió al Tribunal Supremo, que resolvió que la Audiencia Nacional era competente para investigar los hechos.

El juez Pedraz ha retomado la investigación del caso y, a petición de la familia, ha reactivado las órdenes de detención contra los tres militares, presuntos autores del asesinato de Couso. El magistrado les imputa un delito contra la comunidad internacional y otro de asesinato, ya que Couso tenía la consideración de personal civil protegido por el Convenio de Ginebra de 1949.

Además, el letrado Leopoldo Torres, en representación de la familia de Couso, solicitó que se impusiera a los tres militares una fianza de 1.012.000 euros para hacer frente a las responsabilidades que puedan declararse en el proceso. Como los imputados intervinieron en los hechos en su condición de miembros del Ejército de EE UU participante en la invasión de Irak, el abogado reclamaba que se requiriera idéntica fianza a la Administración Federal de los Estados Unidos. El letrado exigía el embargo de bienes para cubrir la fianza en el caso de que no fuera constituida.

El juez Pedraz no se ha pronunciado sobre este extremo, sino que ha dado traslado del escrito del letrado al fiscal para que informe sobre la procedencia de la fianza y el eventual embargo de bienes.

José Couso falleció el 8 de abril de 2003 en el hotel Palestina, de Bagdad, por los disparos efectuados por un tanque Abrams Ml, que también causó la muerte al reportero de la agencia Reuters Taras Protsyuk. Como los hechos no fueron perseguidos en Irak ni en Estados Unidos, la familia presentó una querella en la Audiencia Nacional.

El juez instructor, Santiago Pedraz, consideró que los hechos constituían delito y solicitó la colaboración de las autoridades estadounidenses para tomar declaración al sargento Thomas Gibson, al capitán Philip Wolford y al teniente coronel Philip de Camp. El primero fue el autor material del disparo que mató a Couso y al reportero de Reuters. Wolford, que tenía el mando de la unidad de blindados, fue quien autorizó el disparo de Gibson, tras consultar con De Camp, jefe del Regimiento de Blindados número 64, de Estados Unidos.

Pero el Departamento de Justicia de EE UU rechazó ejecutar el auxilio judicial solicitado por considerar que el Comando Central de Estados Unidos ya investigó los hechos y concluyó que fue una respuesta justificada y proporcionada acorde con las reglas de la guerra.

Hasta cuatro jueces remitieron comisiones rogatorias a Estados Unidos para tratar al menos de interrogar a los tres militares americanos, sin que hubiera respuesta.

"Asegurar su presencia"

Por ello, en octubre de 2005, el juez Pedraz acordó la busca y captura y detención internacional a efectos de extradición de los tres militares estadounidenses "como única medida efectiva para asegurar su presencia en el proceso" y a disposición de la justicia española, "a la vista de la nula cooperación judicial prestada por las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de los hechos, a pesar del vínculo de cooperación mutua entre España y aquel país (...) y de los repetidos recordatorios librados para la ejecución y cumplimiento de las solicitudes de auxilio enviadas al fiscal general norteamericano".

Estados Unidos, que no ha reconocido la Corte Penal Internacional, no tiene por costumbre extraditar a sus ciudadanos e incluso en ocasiones ha negociado la impunidad de sus militares antes de intervenir en algún conflicto bélico. Un funcionario del Departamento de Estado manifestó a Reuters que "hará frío, mucho frío, en el infierno", antes de que los militares sean interrogados en España.

Pero la orden internacional dictada por Pedraz supondrá un grave contratiempo para los imputados, puesto que impedirá que puedan viajar libremente por el mundo, ya que podrían ser detenidos en cualquier aeropuerto y ser extraditados a España.