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Tribuna:LOS ESCÁNDALOS URBANÍSTICOS (III) | Conflictos urbanísticos

Sostenibilidad, ecología y medio ambiente

La ciudad se construye con el fin de alcanzar la felicidad Aristóteles

En resumen, gracias a varios jueces y fiscales, conocemos la enorme magnitud del insostenible desarrollo urbanístico de España. Al respecto, ya habían manifestado su preocupación todos los poderes públicos (nacional y autonómicos), también Greenpeace, la WWF (Fundación para la protección de la Naturaleza), la Unión Europea (2005), el Relator de vivienda de Naciones Unidas (2006). Hasta el partido en el gobierno acaba de manifestar su insatisfacción ante este hecho.

El crecimiento urbanístico local, lejos de ser perjudicial, debería ser la respuesta lógica a las necesidades de sus vecinos para aumentar la calidad de vida: bienestar, identidad cultural, calidad ambiental; pero no es así. Debería corresponder al enriquecimiento de la dimensión pública del territorio y de los espacios urbanos: equipamientos, calles, parques, jardines, bosques y lugares protegidos; pero no ha sido posible. También debería permitir el crecimiento de la edificación privada: residencial, industrial, comercial con la cual conformar un escenario agradable donde los vecinos de un núcleo urbano, desarrollen gratamente todas las actividades; pero lejos de ello, se ha desgarrado el paisaje y los vertederos de basura estética se encuentran por doquier. Sin embargo, aunque la LOUA no lo diga, es indispensable tomar en cuenta que el último fin del planeamiento es mejorar la calidad de vida.

Lastimosamente, en la práctica, el proyecto de ciudad (enunciados y planos del PGOU), se lo reduce a una simple y discrecional operación por parte de los arquitectos: la asignación de usos y la clasificación de suelo. Para los edificadores es la posibilidad lucrativa de levantar contenedores de ladrillo donde y como sea. A la vez, por parte de la Junta, es un acotado proceso controlador de cumplimiento administrativo. En la misma línea, la construcción de ciudad, para los ayuntamientos, es equivalente a pura y dura gerencia inmobiliaria. Y para colmo, los dueños de la ciudad (vecinos), con su indiferencia, parecerían demostrar que les conviene postergar la ciudadanía (pensar en los demás) para facilitar su conversión en clientes o usuarios (omitir al otro).

En este contexto, la profesión del urbanista (teoría y acción) más bien aparece como un oficio (dominio de los instrumentos) al que el soporte teórico y estético le resultan inútiles dentro del unívoco proceso instrumental dedicado a satisfacer la apetencia depredadora de la economía inmobiliaria (suelo), la cual, en el mejor de los casos, está interesada en cumplir con la norma, pero no en proponer un modelo de ciudad, ni sugerir o hacer concesiones para el bien común. No es su función.

De aquí precisamente deriva la obligación cívica de "los poderes públicos" para elaborar las normas urbanísticas tomando en cuenta que la ciudad, tal como dicen los clásicos mediterráneos, es al mismo tiempo urbs (materia), civitas (sociedad) y polis (política), o sea, es el producto cultural más sofisticado y complejo que ha concebido el hombre para con-vivir entre y con los demás. Dicha norma, aunque se refiera sólo a lo físico (ley del Suelo), no puede gestarse en un ámbito operativo compartimentado como antaño: técnico, penal, policial, administrativo o de gestión. Ya no es tiempo del especialista que participa en equipos multidisciplinares. Es la era de la transdisciplina.

Está bien que, sobre el problema urbanístico, tengan protagonismo los abogados y los políticos (aspecto operativo), pero es necesario escuchar a los sociólogos, economistas, arqueólogos, filósofos y, sobre todo, después de su experiencia de 50 años en el planeamiento normativo, resulta indispensable el pronunciamiento de los urbanistas, de las Universidades; pues, "la experiencia hace la ciencia" y también la teoría.

De acuerdo a los resultados, hasta hoy todo el aparato instrumental desarrollado en España para construir civilizadamente la ciudad, por sí sólo, ha sido insuficiente. Es indispensable que se lo enmarque y se lo acompañe, si no de una teoría general del urbanismo, por lo menos de una política de aceptación unánime de principios y paradigmas generados por la actual sociedad de la información y de las nuevas tecnologías, dirigidos precisamente a conseguir un crecimiento cuantitativo y a la vez cualitativo, con calidad de vida.

Si la ciudad es la casa de todos, tendremos que rescatar principios de la ecología, es decir, de la forma cómo los seres vivos construyen su oikos (hogar). ¿Habrá necesidad más básica? De la sostenibilidad, que, como dijo la señora Bruntland, es el consumo responsable de los recursos naturales no renovables que evite el despilfarro de: combustibles fósiles, suelo, agua, selva amazónica. ¿Qué intereses se mueven para hacer ambiguo su significado? Del medio ambiente, es decir, de la protección de los cuatro elementos que, para los clásicos, constituyen la vida: agua, aire, tierra y fuego (energía); no hay que contaminarlos. ¿Por qué se dificulta su comprensión? En último término, ecología, sostenibilidad y medio ambiente tienen como referencia común la vida en este planeta bello y finito. Todos debemos interactuar en este sentido, incluso para hacer y cumplir la norma.

Pero además de principios (ética y teoría), ¿qué otras sugerencias concretas se han puesto en consideración para superar el problema? ¿Por qué no el 23,5% del suelo en lugar del 30% o del 40% propuestos por la Junta para limitar la expansión urbanística salvaje?

Jorge Benavides Solís es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 17 de enero de 2007