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Una veintena de niñas declara por videoconferencia en un caso de abusos

La fiscalía de Cádiz pide 109 años de cárcel para el acusado

23 niñas de entre 5 y 11 años comenzaron ayer a declarar en la Audiencia Provincial de Cádiz como testigos y víctimas en un juicio contra un hombre que las agredió o trató de abusar de ellas, además de fotografiarlas sin su consentimiento. Algunas de las menores, acompañadas de sus progenitores, comparecieron en una sala contigua al tribunal a través de un sistema de videoconferencia para evitar el enfrentamiento directo con el procesado, quien lleva en la cárcel varios meses por esta causa. El fiscal pide 109 años de prisión para el acusado.

Según el fiscal, el acusado, de 27 años, persiguió a las niñas por diferentes calles de la capital gaditana entre 1999 y 2004. Las abordaba bajo amenazas y forzaba tocamientos o las desnudaba mientras le hacía fotografías con un teléfono móvil.

Algunas lograban escapar antes de que consumara sus intenciones. Otras, según el escrito de acusación del Ministerio Público, no pudieron evitarlo. El acusado llegó a hacer amistad con los padres de una de las menores, les ganó su confianza para quedarse a solas con ella y presuntamente realizar los abusos.

Para el fiscal, el procesado padece pedofilia con trastorno mixto de personalidad y alteraciones psicopatológicas pero que no modifican su capacidad cognitiva. Reclama para él 109 años de cárcel e indemnizaciones de entre 100 y 5.000 euros por 17 delitos de agresión sexual, cinco delitos de abuso sexual y uno de exhibicionismo.

Con este caso, la Audiencia Provincial gaditana, por primera vez, utilizaba un sistema de videoconferencia para testigos en salas contiguas al tribunal. La técnica no funcionó en un principio, lo que retrasó el inicio de la sesión hasta que los problemas lograron subsanarse.

Ayer estaban llamadas a declarar 14 personas, entre ellas varias de las menores agredidas, a las que se protegió en una sala de la Audiencia para garantizar su intimidad. El juicio, de hecho, se celebró a puerta cerrada. Según la abogada defensora, el acusado se acogió a su derecho a no declarar. Está previsto que esta vista se extienda durante toda la semana hasta que comparezcan todos los testigos.

La Audiencia de Jáen celebra hoy un juicio por un suceso parecido. En este caso, la fiscalía reclama 117 años de cárcel para un hombre, de 33 años, acusado de cinco delitos de agresión sexual y cuatro de abusos sexuales a menores de edad en un caso descubierto en octubre de 2004 en Campillo del Río (Jaén). La detención de este hombre natural de Córdoba y conocido en el municipio como Joaquín se produjo en octubre después de que las familias de nueve menores, de entre 7 y 11 años, denunciasen el caso ante la Guardia Civil.

Según las declaraciones prestadas por los menores, tres de ellos afirmaron haber sido penetrados en el domicilio del imputado, mientras que el resto relató con todo lujo de detalles las masturbaciones y felaciones que presuntamente practicaron a Joaquín, al que acusan también de haberles agredido físicamente.

Rodeado de niños

El detenido, feriante de profesión, llegó a Campillo a mediados de mayo y decidió quedarse en el municipio donde se alquiló una casa en el número 44 de Ronda de las Moreras donde comenzó a salir con una joven del pueblo.

Aunque era habitual verlo rodeado de niños nada hacía sospechar lo que ocurría hasta que el hijo de la propietaria de la vivienda donde residía el acusado le contó a su madre los hechos que presuntamente hacía el detenido con él y con sus amigos.

A partir de ese momento, las denuncias se sucedieron en el cuartel de la Guardia Civil de Torreblascopedro (Jaén), lo que llevó a su detención y a su ingreso en prisión por orden del juez que investigó el caso.

Crimen de Cortegana

Los dos acusados de matar a M. V. C., un minusválido psíquico de 56 años, la madrugada del 1 de enero de 2005 en Cortegana (Huelva) se negaron a declarar ayer en la primera jornada del juicio con jurado que, por este suceso, se celebró ayer en la Audiencia de Huelva. El crimen de Cortegana desembocó en un conflicto social con tintes étnicos. Quince días después del suceso, vecinos del pueblo, convocados por su alcalde, Antonio Marín (IU), se manifestaron contra la población de etnia gitana. El regidor y 16 personas más están imputadas por los disturbios que se registraron.

La fiscalía pidió para J. M. A. M. (de 29 años) y J. A. A. (de 20), 15 años de cárcel y el pago de 82.574 euros a los familiares de la víctima por un presunto delito de homicidio.

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