La Policía Local de Marbella subastó de forma ilegal 100 vehículos al año entre 2000 y 2005

Los principales mandos de la Policía Local de Marbella (Málaga) subastaron de manera irregular un centenar de vehículos al año entre 2000 y 2005, según consta en un informe policial incluido en el sumario del caso Malaya contra la corrupción municipal en Marbella. El ex jefe de la Policía Local Rafael del Pozo y el subinspector Juan Esteban Saborido tejieron una red que adjudicaba los vehículos retirados por la grúa municipal a la empresa que gestionaba el depósito de vehículos y a miembros del consistorio, como la ex alcaldesa Marisol Yagüe o el ex concejal Tomás Reñoñes.

Las subastas se realizaban de forma casi secreta y los vehículos salían a puja por precios muy inferiores al real. A pesar del bajo precio, "se daba la incongruencia de que un porcentaje muy elevado de los vehículos quedaban desiertos en primera y segunda convocatoria pasando a ser propiedad del Ayuntamiento, el cual se quedaba con alguno de los vehículos para su uso y los restantes se adjudicaban a la empresa privada Cactus Enterprise, SL, en concepto de gastos de depósito", asegura la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) en un informe dirigido al juez Miguel Ángel Torres. Los investigadores añaden: "Los vehículos que se quedaban algunos pocos a través de la propia subasta eran como consecuencia del tráfico de influencia de Rafael del Pozo y Juan Esteban Saborido".

El subinspector Saborido, encargado del depósito municipal de vehículos, había dado la "orden" de impedir a cualquier persona interesada en pujar por los vehículos la posibilidad de inspeccionarlos en la instalación municipal. En caso de que alguien insistiera en ver los vehículos, Saborido "enviaba una patrulla" al lugar para disuadir al comprador. Este agente llegó a utilizar un Peugeot 406 SDVT 2.1 que perteneció a un "delincuente consumidor de estupefacientes y que falleció hace tres años.

Algunas de las subastas fueron realizadas en la propia Jefatura de la Policía Local, un "lugar de celebración que de por sí coaccionaba a posibles pujadores", según la Udyco.

La irregular tasación de los vehículos era controlada por Pedro Alba, responsable del parque móvil de la Policía Local. Alba reconoció haber puesto precio a "una media anual de unos cien vehículos" desde antes del año 2000 hasta 2005.

Este agente, acusado de usurpación de funciones, reconoció a la Policía que en 2000 tasó un Masseratti en 100.000 pesetas, cuando "es bien conocido por los coleccionistas que una simple pieza de dicho vehículo ya supera el valor de tasación".

La alcaldesa, beneficiaria

Una de las beneficiarias de esta red fue la propia ex alcaldesa, Marisol Yagüe. El BMW X5 que conducía la anterior regidora, imputada en la operación Malaya, pertenecía a una aseguradora después de que le hubiera sido sustraído a su anterior propietario. El abogado de la aseguradora tuvo conocimiento en 2003 de que el todoterreno se encontraba en los depósitos municipales.

Cuando la grúa de la compañía fue a retirar el vehículo en 2005, una vez concluido el proceso judicial iniciado para recuperarlo, se encontró con la sorpresa de que el BMW no estaba. Días después Saborido informaba al abogado de que el coche había sido subastado y adjudicado al Ayuntamiento de Marbella al quedar desierta la puja.

Otra estrategia que utilizaban los implicados en la red para evitar que los propietarios reclamaran sus vehículos era inflar las tasas de depósito a seis euros diarios.

Los abusos no sólo tenían que ver con la retirada y depósito de vehículos. En la parte del sumario abierto ayer por el magistrado Miguel Ángel Torres consta un oficio enviado por la Udyco al juez en el que se recoge documentación "clarificadora" sobre el cobro de multas por la Policía Local de Marbella.

"Hay una inexistencia de control administrativo por parte de la Tesorería y la Intervención, no se produce la fiscalización de los ingresos que se realizaban por multas, que no eran debidamente justificados", señalan los investigadores.

Uno de los aspectos que más llaman la atención es que la Policía Local se encargaba tanto de sancionar como de recaudar el dinero de las multas, una tarea que corresponde a la tesorería municipal.

El ex teniente de alcalde Carlos Fernández, huido de la justicia, exigió al jefe de la Policía Local que dejara de usurpar la función recaudatoria. "Me contestó que no se cambiaría la gestión de multas de tráfico salvo que recibiera en tal sentido una orden expresa de la alcaldesa", escribió Fernández al tesorero municipal en 2004.