El Gobierno creará la Defensoría para la Infancia y la Adolescencia antes de marzo

El Gobierno creará en este primer trimestre la Defensoría para la Infancia y la Adolescencia, un órgano que estará adscrito al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, aunque sin integrarse en él. De esta forma, la Defensoría del Menor, como popularmente se conoce, ejercerá sus funciones con plena autonomía respecto a la Administración. La creación de este órgano supondrá el primer desarrollo de la Ley de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, aprobada por el Parlamento en febrero de 2005, en los momentos finales de la pasada legislatura.

El Defensor del Menor del País Vasco será la segunda institución de estas características que se crea en España, después del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, un órgano con una trayectoria y un prestigio ya consolidados. En las demás comunidades autónomas este tipo de órganos están subsumidos en comisiones pertenecientes a los respectivos defensores del pueblo generalistas. El Consejo de Bienestar Social del País Vasco ya ha dado el visto bueno al borrador de decreto y es previsible que el Consejo de Gobierno lo apruebe a la vuelta de las vacaciones parlamentarias.

Este borrador, al que ha tenido acceso este periódico, regula la estructura orgánica de la nueva institución, para la que prevé, además de la propia figura del Defensor, una secretaría general y un equipo técnico. El decreto también establece el procedimiento por el que se regirán sus actuaciones e investigaciones. La Defensoría se crea para combatir la vulneración de los derechos de los niños y para sensibilizar sobre esta cuestión a la sociedad. El nombramiento del titular corresponde al consejero de Vivienda y Asuntos Sociales y deberá ser ratificado por el pleno del Parlamento por mayoría absoluta. Su mandato durará cuatro años.

Colaboración institucional

Entre las funciones de la Defensoría figuran las de recoger las quejas que se formulen por vulnerar los derechos de los niños, derivarlas a las instituciones que correspondan y facilitar las vías de colaboración interinstitucional. Fomentar la divulgación de los derechos de la infancia, potenciar el asociacionismo y proponer reformas legales que agilicen la defensa de los derechos de los niños son otros de sus cometidos.

La Defensoría podrá iniciar investigaciones de oficio o a instancias de alguna parte. Según el borrador de decreto, deberá iniciar una investigación de oficio cuando por sus propios medios conociera que se está produciendo una amenaza o vulneración de los derechos. Cuando los hechos a investigar afecten a un organismo público o privado dará cuenta de la queja al responsable de ese servicio para que informe de los hechos. En el caso de que afecte también a la administración, se notificará el procedimiento al Ararteko. Todas las personas sometidas a una investigación tienen el deber de facilitar la labor de la Defensoría, aportando los documentos y aclaraciones que se les requieran.

El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid es el espejo en el que reflejarse a nivel nacional en cuanto su experiencia y trayectoria. En su caso, se encarga de supervisar la acción de las administraciones públicas de la comunidad de Madrid y de cuantas entidades privadas presten servicios a la infancia y la adolescencia con el objetivo de salvaguardar sus derechos. Recibe y tramita las quejas que presenta cualquier ciudadano y propone reformas de procedimientos, reglamentos o leyes. También desarrolla acciones que le permitan conocer las condiciones en que los menores ejercen sus derechos, los adultos los respetan y la comunidad los conoce.

La creación de la Defensoría del Menor en Euskadi ha tenido sus más y sus menos con el Ararteko. El Defensor del Pueblo vasco se pronunció ya en 2003 en un informe sobre el particular, donde analizaba de manera exhaustiva la legislación marco, en términos de derecho comparado, así como las leyes de protección a la infancia, las que regulan los defensores del pueblo y las pautas que siguen el resto de las comunidades autónomas.

En aquel momento, el Ararteko ya expresó sus reticencias a la creación de la Defensoría del Menor por entender que ya tiene atribuida la función de defender a todas las personas, independientemente de su edad o la etapa de su vida en la que se encuentren. Uno de los argumentos utilizados era que la creación de órganos específicos puede fraccionar y hacer más ineficaz la defensa de los derechos de los ciudadanos.