Todos los ediles de Orxeta se benefician de las recalificaciones del PGOU

El alcalde de Orxeta, Vicente Llinares, del PSPV, admite y reconoce que todos los concejales del Ayuntamiento tienen terrenos que serán recalificados con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ahora se encuentra en periodo de exposición pública. "Creo que todos o el 95%. Esto es un pueblo y todos tienen terrenos y huertas, si no directamente el concejal siempre hay algún familiar con una parcela que será reclasificada", señaló el primer edil, que reconoció que él mismo y su madre verían incrementado su patrimonio al recalificar sus posesiones.

Llinares aseguró que "si aquí hiciéramos eso de no votar quienes tienen intereses, no votaría nadie", refiriéndose a que el salón de plenos quedaría vacío a la hora de votar alguno de los trámites del PGOU, ya que todos los ediles se tendrían que ausentar. Este municipio cercano a Benidorm tiene poco más de 700 habitantes y prevé multiplicar casi por 20 su actual población para alcanzar los 15.000, urbanizando 3 millones de metros cuadrados y construyendo un centro comercial y un campo de golf. De las 4.000 nuevas viviendas, unas 2.000 se integrarán en un PAI turístico y residencial, de aproximadamente 1,3 millones de metros cuadrados, que sustituirán la actual zona de huerta.

Los tres concejales del PP se oponen al proyecto, que cuenta con el aval de la mayoría absoluta del PSPV, formada por cuatro concejales. Llinares y el concejal de Urbanismo, José Olcina, son los grandes impulsores. La principal oposición sin embargo la están realizando asociaciones como Horta d'Orxeta, que se opone a la que consideran "destrucción del patrimonio de la población".

El secretario general del Bloc, Enric Morera, tilda al PP y PSPV como "las dos caras de una misma moneda". El dirigente nacionalista comparó el proyecto impulsado por los socialistas en Orxeta con el plan urbanístico que desarrolla el PP en La Vila Joiosa, que pretende incrementar los habitantes de esta población de 25.000 a 140.000. El secretario comarcal del Bloc, Vicent Serra, ha denunciado ante el fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana las presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU y ha pedido la apertura de una investigación. El PSPV de la Marina Baixa, que se ha distanciado en los últimos meses de la agrupación local de Orxeta por desavenencias, estudia las posibles medidas contra el primer edil. Vicente Llinares está imputado además por un presunto delito de prevaricación en relación con el funcionamiento de una industria cementera en la ciudad. Según la acusación, el primer edil habría permitido que se vulnerara la ley y continuara la actividad en una zona catalogada como Lugar de Interés Comentario. Los terrenos fueron vendidos a la industria por la madre del primer edil, y según la oposición, el Gobierno local ha intentado regularizar la actividad durante los últimos años. De hecho, el PGOU califica como zona industrial los terrenos.

El primer edil rechaza todas las acusaciones: "Pueden decir lo que quieran, porque el pueblo sabe quién soy yo, y quiero lo mejor para este pueblo. Aquí todos somos familia y tenemos parientes con terrenos que se van reclasificar", admite el alcalde socialista.