El Defensor del Pueblo denuncia que no hay control sobre las gestoras de crédito

Las nuevas gestoras de crédito dedicadas a la financiación hipotecaria y la unificación de deudas están proliferando a medida que los clientes tienen problemas para llegar a fin de mes. Ayer, el Defensor del Pueblo anunció que había abierto una investigación de oficio sobre estas empresas ante el Ministerio de Economía, "ya que carecen de cualquier control administrativo". La institución pide un "estricto régimen" del mercado, puesto que han captado un "importante" número de deudas y de ellos "puede depender la seguridad económica" de muchas familias y pymes.

Nadie sabe su número exacto. Se establecen, en la mayoría de los casos, como franquicias. Están registradas alrededor de un centenar de marcas diferentes y, según fuentes del propio sector, podría haber "unos 8.000 establecimientos abiertos en España". Han crecido a la vez que suben los tipos y llegan los problemas para pagar deudas. Ofrecen solucionar los problemas financieros pero, a veces, a costa de elevar los tipos y la duración del crédito. El Banco de España ha advertido de estos riesgos.

Estos intermediarios, según precisa el Defensor del Pueblo, actúan como una "empresa convencional, sin que su actividad se sujete a ningún control administrativo, a pesar de que se deberían encuadrar dentro de aquellas de carácter financiero, dado que se dedican a refinanciación de deudas mediante el aglutinamiento en un préstamo único de todas las deudas del cliente con otras entidades financieras".

Este argumento es coincidente con el que ha defendido la Asociación Española de Banca (AEB), que ha pedido, en una carta enviada al Ministerio de Economía, que el Banco de España regule este sector. Juan Basurto, asesor financiero de la patronal bancaria, pidió que estos intermediarios, "que se dedican a colocar los productos de las entidades financieras, tengan las mismas exigencias y condiciones de protección del consumidor que los bancos". En el Ministerio de Economía dice que no están regulados por el supervisor "porque no son entidades de depósito. Lo adecuado es que dependan de Consumo".

La institución presidida por Enrique Múgica, se muestra "especialmente" preocupada por el hecho de que son sociedades no censadas, cuya actividad "resulta difícil de describir", y que pueden estar actuando en gran número dentro del mercado.

Además, el Defensor del Pueblo afirma que los créditos ofrecidos por estas sociedades entran en "competencia directa" con los ofrecidos por las entidades de crédito al uso. Por ello, la institución defiende que este tipo de sociedades realizan "la misma actividad" que cualquier otro banco o caja de ahorros, con "la diferencia de que su actividad carece de cualquier control administrativo que las sujete a las mismas condiciones que dichas entidades financieras en relación con los usuarios-clientes".

Fuentes de Economía añaden que estas empresas "están bajo la jurisdicción de Consumo, por lo que los clientes pueden reclamar si consideran que han sido engañados o se les aplican cláusulas abusivas". De hecho, la Dirección General de Consumo prepara una regulación del sector que pronto se presentará en el Parlamento.

Algunas de las más importantes agrupaciones del sector, como la Asociación de Asesores de Inversión y Financiación y la Asociación de Profesionales Asesores Independientes Financieros, piden el control del Banco de España y de Consumo, "para que haya más transparencia y seguridad".