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Sanidad, condenada a pagar 7 millones a empresas por atrasos

La consejería debe a un solo proveedor 6.827.167 euros desde 2002

La Consejería de Sanidad deberá pagar 6.827.167,34 euros pendientes por 3.092 facturas que debe a la mercantil Izasa Distribuciones Técnicas, SA. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que en otras tres sentencias obliga a la Generalitat a saldar más de 166.000 euros que debe a otras tres firmas. En total, 6.994.564 euros. A esa cantidad se deben sumar varios millones de euros en concepto de intereses de demora.

La empresa Izasa Distribuciones Técnicas, SA suministró a diversos centros hospitalarios dependientes de la Consejería de Sanidad productos sanitarios, reactivos de diagnósticos y equipos por valor de 12.371.092,52 euros con anterioridad a diciembre de 2002. La mercantil reclamó el dinero correspondiente a todo ello y al no ser estimado su recurso acudió a la vía contencioso-administriva. Mientras se estaba tramitando, la Administración saldó prácticamente la mitad de la deuda. Sobre el resto, la Administración centró la discusión en una diferencia de 971,14 euros sobre un total de 6.827.167,34 euros. Esa discusión ha impedido a la firma cobrar material suministrado hace ya cuatro años.

La sección tercera de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del TSJ ha admitido el recurso de la empresa y en una sentencia obliga a Sanidad a pagar esas 3.092 facturas. Más aún, expresamente dice que procede reconocer el derecho de la mercantil a cobrar los correspondientes intereses de demora, tal como prevé la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Esos intereses cuentan desde dos meses después de la fecha de cada una de las facturas y resultan de aplicar el interés del dinero más un incremento en 1,5 puntos.

Además de ese fallo, el tribunal ha dictado otros tres en el mismo sentido con cantidades distintas y sobre otros tres proveedores.

Roeter Servicios y Estudios, SL hizo dos reclamaciones en 2003 y en 2004 por un importe de 65.699,34 euros, correspondiente a intereses por el abono de facturas fuera de plazo. La empresa realizó servicios de limpieza de diversos centros dependientes de la Consejería de Sanidad (Hospital de Sagunto y Centro de Especialidades). En este fallo, el tribunal considera que se ha producido indefensión de la parte reclamante porque la Administración no aclara las órdenes de pago ni documentos contables. Y le condena al pago de dicha cantidad.

Otro tanto ocurre con los recursos presentados por Laboratorios Grifols, SA (por suministros de hemoderivados, productos sanitarios y materiales médico-quirúrgicos por importe de 26.778, 55 euros) y Braun Medical, SA por importe de 75.701,18 euros.

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