El ICF entrará en el capital de Port Ainé para reflotarla y venderla

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el banco de crédito de la Generalitat, prepara la nacionalización de la estación de esquí Port Ainé, propiedad de un pool liderado por la familia Messegué y cuatro ayuntamientos del Pallars Sobirà. Port Ainé, en suspensión de pagos desde hace año y medio, adeuda 14,4 millones de euros al ICF desde 2002, que se da tres años para sanearla y privatizarla de nuevo.

El consejero delegado del ICF, Josep Maria Ayala, explicó ayer que el organismo que dirige está negociando con Pallars Industrial SA, propietaria de la estación de esquí, capitalizar la deuda pendiente (14,4 millones de euros: 13 millones de préstamo hipotecario más intereses de demora), con lo que alcanzaría el 85% del capital.

Por el momento no hay acuerdo, de ahí que en paralelo, el ICF haya decidido reclamar por la vía judicial el préstamo, amparándose en el "impago sistemático" por parte de Pallars, que "no paga nada desde 2002", según Ayala. La estación de esquí ha acumulado ayudas de la Generalitat desde 1995 hasta 2001, según el banco público.

El objetivo del ICF, una vez posea el control accionarial de Port Ainé es gestionarla conjuntamente con Espot Esquí, mediante la convocatoria de un concurso público, sanearlas y volver a privatizarlas "total o parcialmente" antes de cuatro años. El ICF ya está trabajando en la búsqueda de los socios más idóneos.

Espot, propiedad del ICF desde 2004, está gestionada por Suport Group Consultor, una sociedad participada por algunos empresarios y ayuntamientos de la comarca. El plan de viabilidad prevé que Espot entre en beneficios en cuatro años, gracias a un plan inversor de 20,7 millones de euros. "Esta año [la temporada se cierra en abril] la actividad de explotación [ingresos menos gastos] dejará de ser deficitaria", avanzó Ayala, que considera "satisfactorio" el modelo llevado a cabo en Espot.

"La vocación del ICF no es tener ni gestionar estaciones de esquí, pero la deuda y un sentido de responsabilidad social con el territorio requería una intervención de este tipo", explica Ayala.

Sin embargo, tanto la propiedad como la gestión de La Molina corresponden aún a la Administración catalana, a Ferrocarrils de la Generalitat. Pionera del esquí en España desde que se construyó el primer remonte mecánico en 1943, La Molina fue intervenida por la Generalitat en 1983 a la empresa Nueva Molina S. A., que explotaba el centro y cuya antigua propiedad pertenecía al grupo industrial de Banca Catalana. La Generalitat pagó 400 millones de pesetas (hoy 2,3 millones de euros). La compra incluyó todos los activos del centro invernal (pistas, instalaciones, remontes, maquinaria y taquillas), pero no el resto del patrimonio inmobiliario turístico (hoteles, apartamentos y terrenos), que quedó en manos del Fondo de Garantía de Depósitos. Ferrocarrils invirtió, en 1985, unos tres millones de euros en la primera central de producción artificial española de nieve. Conectada a La Masella desde 1998, La Molina presenta unos números equilibrados, según sus administradores.