Vecinos de Roquetas de Mar piden disolver el consistorio por el 'caso Gran Plaza'

El colectivo vecinal Manos Limpias por el Urbanismo de Roquetas, requerirá hoy por la mañana la intervención del Parlamento andaluz para que inste al gobierno central a disolver el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería, 71.740 habitantes) "ante las irregularidades del caso Gran Plaza". Según la plataforma, en la superficie comercial se construyó cuatro veces más de lo permitido -180.000 metros cuadrados en lugar de los 41.000 metros de tope- "en connivencia" con el regidor municipal y presidente del PP provincial, Gabriel Amat.

Estos vecinos solicitarán, además, a la Junta de Andalucía que se le retiren "cautelarmente" las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Roquetas por lo que consideran uno de los mayores escándalos urbanísticos de España. El centro comercial Gran Plaza fue construido sin la autorización de la Junta por General de Galerías, sociedad participada por Tomás Olivo, imputado en la operación Malaya.

"En la construcción del Gran Plaza el Ayuntamiento de Roquetas ha podido perder más de 27 millones de euros al permitir a Tomas Olivo construir cuatro veces más de lo permitido y regalarle encima aprovechamiento urbanístico. Calculamos que le han ahorrado a Olivo más de 59 millones de euros", explica el presidente del colectivo, Francisco Hurtado.

Los cálculos de Hurtado se basan en que la ficha urbanística del sector que afecta a la superficie comercial tiene una edificabilidad del 0,50 metros cuadrados por cada metro cuadrado de parcela. "Para edificar todos esos metros que han construido Olivo tenía que haber comprado 30 o 40 hectáreas más de terreno, urbanizar, hacer zonas verdes y darle al Ayuntamiento el 10%. Hemos hecho un cálculo a la baja y creemos que se ha ahorrado 59 millones de euros", apunta Hurtado.

Entre los datos recogidos en el catastro también destaca el de los metros cuadrados dedicados a aparcamientos: sólo 3.000 metros. "Estamos ante el fraude por metro cuadrado más grande de España. Eso significa que lo que ahora hay destinado a coches puede cambiar de uso en un futuro, según convenga a la empresa General de Galerías", precisa Hurtado.

El terreno sobre el que asienta Gran Plaza fue comprado por Gabriel Amat, actual alcalde de Roquetas y una vez recalificado como urbanizable, siendo este concejal de Urbanismo, lo vendió a una mercantil participada por su esposa y cuñado, quienes a su vez lo venden a Tomás Olivo, procesado en el caso Malaya. Las fechas de los pagos de esta compraventa coinciden con el proceso de tramitación municipal que culmina con la concesión de licencia de apertura al centro comercial.

"Aparte del ahorro millonario de Olivo, gracias a la vista gorda o connivencia municipal, en el Registro de la Propiedad de Roquetas el Ayuntamiento le reconoce a Tomás Olivo 10.300 unidades de aprovechamiento urbanístico al considerarse que ha construido de menos en el sector 36 y por este motivo se le compensa por el Ayuntamiento para que las pueda construir en otros sectores y que pueden estar valoradas en unos 9 millones de euros", remacha Hurtado.