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La ofensiva terrorista

El nuevo papel del PNV

Luis R. Aizpeolea

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer que "2007 no es el [año] 2000". Se refería a que las condiciones en que se produjo la ruptura de la tregua anterior, y que abocaron al Pacto Antiterrorista de 2000 -que Rajoy propone al Gobierno como fórmula-, son distintas a las de la ruptura de 2006, que demandan su propia estrategia contra ETA.

En 2000, tras romper el alto el fuego, ETA emprendió una brutal campaña terrorista contra los no nacionalistas. Se aprovechó de la cobertura política que le dio el Pacto de Lizarra, la unidad de los partidos nacionalistas vascos, en que se basó aquella tregua. En ese contexto nació el Pacto Antiterrorista, con el apoyo exclusivo del PP y PSOE. En su preámbulo, excluía al PNV de la alianza antiterrorista de las fuerzas democráticas en ese momento.

Seis años después, en enero de 2007, tras una nueva tregua y ruptura de la misma por parte de ETA, la situación es distinta. Esta tregua no se sustentó en un pacto exclusivo entre nacionalistas, como Lizarra, sino entre todos los partidos, recogida en la resolución parlamentaria de mayo de 2005, a excepción del PP, que se autoexcluyó. Este proceso ha revelado un PNV renovado, dirigido por Josu Jon Imaz, que rechaza a ETA por utilizar la violencia para lograr objetivos políticos, lo que ha supuesto el final del espíritu del Pacto de Lizarra.

Zapatero cree necesaria la presencia del PNV en la unidad democrática, pues puede jugar un papel clave para deslegitimar a ETA ante el nacionalismo y la izquierda abertzale, donde ha cundido la conmoción tras la última barbarie terrorista y el fin del proceso. Y más aún cuando la corriente soberanista del PNV puede tener la tentación de repetir el Pacto de Lizarra, tras el fracaso del proceso de diálogo con ETA.

En cuanto al articulado del Pacto Antiterrorista, el Gobierno lo suscribe íntegramente, empezando por su primer punto: el reconocimiento de que la lucha antiterrorista la debe liderar el Ejecutivo y no debe ser objeto de discrepancias públicas para no beneficiar a los terroristas.

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