Fallos de información o interlocución

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero preparó con tiempo el terreno para abordar el fin del terrorismo etarra en España a través del diálogo. Además de comprobar por distintas vías que las intenciones de ETA iban encaminadas a declarar un alto el fuego permanente, impulsó una propuesta de resolución, que aprobó el Congreso, donde se establecía que sin bombas era posible el diálogo con los terroristas. Eso ocurrió en mayo de 2005, cuando los terroristas llevaban dos años sin matar. Tuvieron que pasar otros 10 meses -con varios coches bomba que no causaron víctimas de milagro- hasta que ETA leyó el comunicado donde declaraba un alto el fuego permanente.

Ocurrió el 22 de marzo del año pasado, pero el Gobierno tampoco quiso entonces precipitarse y Zapatero anunció que se abría un periodo de verificación para confirmar que la tregua era real. Durante tres meses, el presidente recibió informes de la Policía y la Guardia Civil en torno a la actividad de ETA sin que saltara ninguna alarma. Hubo dos actos de supuesto terrorismo callejero y algunas cartas de extorsión que, según las primeras investigaciones, fueron enviadas antes del alto el fuego.

Blanco: "La información que tenía el Gobierno no se correspondía con la voluntad de ETA"

El Gobierno socialista mantenía que no quería incurrir en los errores del Ejecutivo de Aznar, que arbitró medidas a favor de los presos de ETA durante la tregua de 1999 sin que cesara ni el terrorismo callejero ni la extorsión a empresarios. Por eso, durante los tres primeros meses del alto el fuego no aprobó el inicio de conversaciones. El 29 de junio, Zapatero dio por verificado que el alto el fuego era real y anunció que se iniciaba la etapa del diálogo sin poner fecha a las conversaciones.

Después de aquella declaración, el Gobierno se olvidó de las verificaciones pese a que el terrorismo callejero irrumpía, volvía la extorsión a empresarios y ETA daba algunas muestras preocupantes de actividad.

Agosto fue un mes para la preocupación por la violencia en las calles. En septiembre, el terrorismo callejero continuó en el País Vasco. Los mensajes del Gobierno insistían en que con violencia no era posible el diálogo, pero los puentes se mantenían tendidos y se produjeron contactos exploratorios para marcar las reglas del futuro diálogo.

El 23 de septiembre, tres encapuchados de ETA (dos de ellos armados) irrumpieron en un acto de la izquierda abertzale en Oiartzun, dispararon varios tiros al aire y proclamaron sus intenciones a gritos: "La lucha no es el pasado, sino el presente y el futuro. Tenemos la sangre preparada para darla por la patria vasca".

Ese primer avisó no preocupó en exceso. "Desde la firmeza, los principios y las convicciones democráticas, mantengo las expectativas y planes en torno al fin de la violencia", proclamó Zapatero en el Congreso.

Lo peor vendría después. Mientras en el Parlamento Europeo se debatía una propuesta a favor del proceso abierto por el Gobierno español, los terroristas de ETA asaltaban una armería en Francia tras secuestrar a familiares del propietario. Robaron 350 pistolas y el Gobierno, que dudó en un primer momento sobre la autoría de ETA, avisó: "Es un hecho serio y grave que tendrá consecuencias para el proceso de paz". Esa declaración de Zapatero podía inducir a pensar que el Gobierno iba a suspender el diálogo con ETA. Pero las consecuencias no fueron esas, sino la detención del aparato logístico de ETA, con su jefe, Zigor Garro, al frente. Para entonces, el Ejecutivo insistía en su mensaje de supuesta dureza: "No habrá gestos hasta que el final de la violencia sea un hecho".

En diciembre, los anuncios de Batasuna cargados de amenazas y pesimismo, los comunicados de ETA poniendo plazo de caducidad a su alto el fuego si no se atendían sus reivindicaciones y las sensaciones de unos y otros apuntaban a un bloqueo del proceso. El terrorismo callejero irrumpía con la quema de un autobús a plena luz del día en el centro de San Sebastián.

En ese contexto, el Gobierno aceptó el primer diálogo formal con la banda terrorista, que se prolongó durante dos días a mediados de diciembre, y donde se abordaron cuestiones relacionadas con los incumplimientos durante los nueve meses de tregua y sobre el futuro del País Vasco. No se produjo ni un sólo avance, pero el Gobierno sacó la conclusión de que la continuidad del alto el fuego permanente no peligraba.

Una semana después, la Ertzaintza desmanteló un zulo de reciente creación donde se escondía una amenaza cierta: 50 kilos de explosivos y detonadores.

El Gobierno, a través de su director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, restó valor al descubrimiento: "No hay datos que hagan pensar ni que ETA se está rearmando ni que pueda existir un comando". Se equivocó.

El presidente del Gobierno hizo balance de su gestión el 29 de diciembre y se atrevió con un vaticinio sobre el proceso: "El año que viene estaremos mejor". Un día después, ETA mató a dos ciudadanos ecuatorianos en un brutal atentado con furgoneta bomba en la terminal T-4 de Barajas.

José Blanco, secretario de Organización y numero dos del PSOE, declaró ayer en la cadena SER: "La información que tenía el Gobierno en esos momentos no se correspondía con la voluntad de ETA. Pudo haber un problema de información o de interlocución".