Unió y CDC reparten ante notario sus futuros cargos en Tarragona para no pleitear después

La relación entre algunos dirigentes territoriales de Unió y de Convergència ha alcanzado tal grado de desconfianza que los pactos entre ambos partidos de la federación nacionalista deben firmarse y depositarse ante notario. Éste ha sido el caso de Tarragona, ciudad en la que los dos socios se enfrentaron por el cabeza de lista en las próximas elecciones municipales del 27 de mayo, tras el relevo del histórico Joan Miquel Nadal. Unió aceptó a regañadientes como alcaldable al convergente Joan Aregio, pero a cambio reclamó una serie de compensaciones políticas por escrito ante notario. Otro tanto ha sucedido en la ciudad de Girona, aunque en este caso sin recurrir a un tercero que diera fe de lo acordado.

Las disputas entre democristianos y convergentes a la hora de confeccionar las candidaturas municipales se repiten cíclicamente cada cuatro años. Cada uno de los dos partidos aprovecha cualquier sombra de debilidad política de su socio para tratar de imponer a su candidato, aunque por regla general, visto lo sucedido históricamente, Unió Democràtica siempre ha salido trasquilada de cualquier envite.

En las ciudades de Tarragona y Girona los democristianos aprovecharon el pasado año la ausencia de un candidato firme de la federación para lanzar un órdago a los convergentes y tratar de imponer al alcaldable o, cuando menos, escalar posiciones en la lista o sacar rédito en el reparto de cargos institucionales. Esto último es lo que han obtenido los democristianos, pero a cambio obligaron a Convergència a especificarlo por escrito y, en el caso de Tarragona, a firmarlo ante notario. Las crisis en ambas ciudades se resolvieron antes de las elecciones autonómicas del 1 de noviembre, y a un año vista de las municipales, para no exhibir públicamente sus desencuentros.

Concretamente en Tarragona, Unió aspiraba a encabezar la lista con su presidente intercomarcal, Albert Vallvé, una vez que Joan Miquel Nadal anunció su intención de retirarse de la escena política municipal. Pero Convergència ya tenía a su propio candidato, el presidente de la Diputación, Joan Aregio, que mantiene una estrecha relación personal con Felip Puig, número dos de Convergència Democràtica.

Los democristianos tuvieron, en abril del pasado año, que rendirse a la evidencia: Convergència nunca cedería tan significativa plaza, pues Tarragona constituye la única capital de provincia en manos de los nacionalistas, aunque sea gobernando en coalición con el tan estigmatizado Partido Popular.

Entonces los democristianos reclamaron para sí la presidencia de la Diputación. Convergència puso el cerrojo en la institucional provincial y también se negó a cederla a sus socios. La solución pasó, entonces, por firmar unos acuerdos y, ante tanta desconfianza, depositarlos ante notario. Escasas personas, según fuentes de la federación, conocen el contenido de este documento. Entre ellas, los presidentes intercomarcales de Unió y de Convergència en Tarragona, Albert Vallvé y Joaquim Nin, respectivamente, y los responsables máximos de política municipal, el convergente Lluís Corominas y el democristiano Antoni Castellà.

El documento, según otras fuentes, establece el reparto de cargos que le corresponderá a cada partido de la federación en caso de conquistar o incluso perder una institución. De esta manera, Unió Democràtica conservará, en cualquier caso, la presidencia del Consejo Comarcal del Tarragonès, mantenga o no CiU la alcaldía de la ciudad o la presidencia de la Diputación. Asimismo, el acuerdo fija el reparto de los diputados provinciales que le corresponderá a Unió y a Convergència y los cargos de confianza que los democristianos dispondrán en este organismo. Nada se dice sobre el reparto de carteras en el Ayuntamiento de Tarragona. "O lo firmábamos ante notario o no había acuerdo, porque más de una vez ya nos han dado gato por liebre", sostiene un alto cargo democristiano, el partido de Josep Antoni Duran Lleida.

El acuerdo, que en principio sólo saldrá a la luz pasadas las elecciones municipales de mayo, se limita al reparto de cargos en la ciudad de Tarragona y a la comarca, es decir, no abarca toda la provincia.

En Girona [ver la información adjunta] se ha dado una situación idéntica y ambos integrantes de la federación nacionalista han firmado un acuerdo que se mantiene secreto. En este caso, ningún partido exigió que se firmara ante notario, pues las relaciones entre ellos nunca han llegado al borde de la ruptura, como en Tarragona.