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Los problemas del transporte público

Una juez decreta nula la adjudicación de los trenes del Tram de Alicante

Ferrocarrils ya ha recibido siete de los nueve convoyes que contrató con Alstom en 2001

La titular del juzgado número cinco de lo Contencioso Administrativo de Valencia anuló el pasado mes de noviembre la adjudicación a la empresa Alstom, hoy Vossloh, del contrato para fabricar los trenes que sirven en la actualidad la red Tram de Alicante y que atenderán en el futuro el servicio de la red que se extenderá a Altea y, posteriormente, hasta Dénia, porque considera que no se respetaron las bases del concurso público. Siete de los nueve trenes contratados en 2001 ya han sido entregados, cuatro atienden el servicio del Tram en la actualidad y otros tres están en pruebas.

Perelló: "El PP usa las empresas públicas para sobrepasar los controles legales"

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, empresa responsable de la gestión y servicio de los trenes de cercanías, del metro de Valencia y del Tram de Alicante, convocó en enero de 2001 un concurso por procedimiento abierto para contratar los nueve trenes que debían servir el servicio línea de Alicante. La línea en cuestión se extiende en la actualidad desde Alicante hasta la localidad vecina de El Campello, pero está previsto ampliar la línea hasta Altea y, posteriormente, hasta Dénia. Los trenes debían combinar características propias del servicio urbano de tranvía, que no debe superar velocidades de 70 kilómetros por hora, con otras propias de un tren capaz de superar velocidades de 100 kilómetros por hora. Tres fabricantes se presentaron al concurso: Siemens, CAF y Alstom.

FGV adjudicó a Alstom, el gigante multinacional francés que entonces era propietario de la fábrica de Albuixec, en julio de 2001 la construcción de los nueve trenes por un importe de 57 millones de euros.

CAF recurrió la adjudicación en un gesto sin precedentes en el sector ferroviario donde el abanico de fabricantes y clientes es muy limitado. "Lo hicimos porque creíamos que teníamos razón", afirmó ayer un portavoz de CAF que, sin embargo, evitó cualquier otro comentario al respecto.

Según el recurso de CAF, FGV solicitó en 2001 la fabricación de un producto que ya existía en el mercado de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato. Sin embargo, Alstom alteró las alturas de los vagones en un porcentaje muy superior al previsto en las especificaciones técnicas, pudo incorporar ruedas más grandes de las que son habituales en los tranvías y, sobre todo, pudo instalar un mayor número de bogies -los bloques de ruedas sobre los que se monta el carruaje para pasajeros- y ofrecer mejores prestaciones de velocidad y frenado. De hecho, el concurso solicitaba que los trenes fueran capaces de alcanzar los 105 kilómetros por hora en tramos interurbanos y los aparatos de Alstom están diseñados para alcanzar los 130 kilómetros por hora.

A juicio de CAF, las modificaciones introducidas por Alstom excedían lo habitual en cualquier concurso y suponían un trato de favor para uno de los aspirantes en detrimento de los demás.

La demanda denuncia trato de favor y desliza insinuaciones de corrupción, según las alegaciones de FGV que recoge la propia sentencia. La situación de Alstom no era precisamente boyante en 2001 y el futuro de la planta de Albuixec llegó a estar en el aire. La Unión Europea autorizó en 2004 una restructuración para salvar la multinacional que incluía, entre otras cosas, la exigencia de vender la fábrica de trenes de Albuixec heredera de la histórica factoría de Macosa.

CAF alegó, además, que su oferta era tres mil millones de las antiguas pesetas (18 millones de euros) más barata que la de Alstom, y solicitó la anulación de la adjudicación a Alstom y la reversión de la adjudicación a su favor.

La juez evita revertir la adjudicación, pero si considera nula la adjudicación porque "si lo que se pretendía era adquirir un material con más potencia y velocidad que el que se podía obtener con las condiciones técnicas requeridas se debió retirar el concurso y convocar otro en que los diversos concursantes tuvieran iguales oportunidades".

FGV se apresuró a emitir ayer una nota oficial que explica que el pasado 22 de diciembre recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la sentencia del juzgado de Valencia.

FGV afirma que el proceso judicial abierto "no supone ningún retraso para la puesta en marcha de los tren-tram previstos para línea Alicante Dénia" y especifica que "en la actualidad hay cuatro trenes en servicio, tres en pruebas y está previsto que en las próximas semanas se incorporen las dos unidades hasta completar las nueve incluidas en el contrato".

FGV también subraya que "los tren-tram han sido fabricados en la factoría de Vossloh en Albuixec" y que "son los primeros vehículos en España que pueden circular al mismo tiempo por líneas de infraestructura tranviaria y por líneas de infraestructuras ferroviarias".

Finalmente, FGV reitera algunas de las ventajas que ofrecía la oferta de Alstom entre los que destaca "mayor potencia, mayor capacidad, más velocidad, mayor aceleración, mejor sistema de frenado y ruedas de tamaño superior a lo habitual en tranvías".

Pero el diputado socialista Andrés Perelló, que distribuyó la sentencia en rueda de prensa en aras de la transparencia, denunció que el fallo judicial revela que "el PP gestiona manga por hombro" y que "los organismos y empresas públicas no buscan el ahorro de costes o la eficiencia en los servicios, sino que se usan como instrumentos para sobrepasar los controles legales y las rigideces administrativas".

Perelló dejó en el aire toda una serie de preguntas dirigidas al responsable de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, quien ostenta la presidencia de FGV en virtud de su cargo. En primer lugar, por las consecuencias de la nulidad de la adjudicación, por las responsabilidades que podrían derivarse de la misma y por las razones que llevaron a pagar "tres mil millones más" por el contrato para fabricar los trenes.

Un experto apuntó que si la anulación llegara a ser definitiva la única posibilidad de reparar el error sería indemnizar a CAF. Pero una portavoz de Infraestructuras y Transportes deslizó que la sentencia rechaza adjudicar a CAF el contrato y no permite establecer el posible lucro cesante que podría reclamar el fabricate vasco.

Un portavoz de CAF se limitó a comentar que la empresa no había solicitado ninguna indemnización hasta la fecha y que desconocía cómo podría repararse el perjuicio sufrido por el fabricante vasco si, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia ratificara la primera sentencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 5 de enero de 2007