Comercio regulado

El anteproyecto de Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, aprobado por el último Consejo de Ministros de 2006, es una norma necesaria para un país como el nuestro, en el que las industrias relacionadas con la Defensa no han dejado de ganar mercados en las últimas décadas, coincidiendo con un progresivo deterioro de la estabilidad internacional y una creciente amenaza por parte del crimen organizado y de grupos terroristas de diverso signo. Si existe un terreno en el que está justificada una excepción a las normas internacionales del libre comercio, ése es el de la fabricación y venta de armas, municiones y otros productos destinados al suministro de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad nacionales o extranjeros. El estricto control estatal de las transacciones que afectan a estos materiales es lo que permite distinguir entre un comercio sin duda sensible, pero necesario, y el tráfico de armas, una persistente lacra internacional que viene contribuyendo desde antiguo a desencadenar conflictos o a perpetuarlos.

Para elaborar esta norma, el Gobierno ha debido moverse entre dos posiciones divergentes, la que encabeza la industria armamentística española y la que han enarbolado las ONG. La diferencia principal se refiere a la transparencia de las transacciones, frente a la cual los fabricantes insisten en el riesgo de posibles manipulaciones y las ONG en su eficacia como mecanismo para prevenir y sofocar los conflictos, en particular en las zonas más atrasadas del planeta. Control no debe significar opacidad, de la misma manera que la transparencia no puede confundirse con el cuestionamiento de una de las más indiscutibles prerrogativas del Estado. Es éste el que, mediante las garantías que se pretenden reforzar con el anteproyecto recién aprobado, debe asegurar que este comercio singular se ajusta, por un lado, a la legalidad internacional y, por otro, a las opciones de política exterior.

En relación con un tipo concreto de armamento, las bombas de racimo, el Gobierno se ha inclinado por no prohibir su fabricación. La única manera de que esta decisión no incurra en contradicción con el discurso de pacifismo a ultranza adoptado por el Ejecutivo de Zapatero es que la diplomacia española se implique a fondo en las iniciativas multilaterales para prohibir este tipo de proyectiles. La reciente experiencia de la guerra de Líbano, en la que el masivo empleo de estas bombas por parte de Israel sigue produciendo víctimas meses después de concluidas las hostilidades, constituye un poderoso argumento para no demorar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo internacional que las prohíba.