La agencia de la Xunta que gestionará emergencias podrá crear una entidad a la que derivar servicios

El Partido Popular acusa al bipartito de "montar chiringuitos" con la nueva ley

La nueva Ley de Emergencias que el Parlamento gallego tramitará este año establece la creación de una Axencia Galega de Emerxencias que se encargará de coordinar la gestión de catástrofes como la ola de incendios del verano o las inundaciones de los últimos meses. Este organismo, que dependerá de la Consellería de Presidencia, no será, sin embargo, el único con capacidad para actuar ante situaciones de este tipo. La disposición adicional sexta de la ley faculta a los responsables de la agencia a crear una "entidad pública de servicios" que se encargue de afrontar la emergencia, mitigar sus consecuencias o rehabilitar los daños causados.

Esta disposición ha provocado las críticas del Partido Popular. Los populares acusan al conselleiro de Presidencia de "montar chiringuitos" con la nueva Ley de Emergencias para "burlar" los controles de la Ley de Transparencia que él mismo ha impulsado. Manuel Ruiz Rivas recuerda que PSOE y BNG criticaron en su día al anterior Gobierno por crear una Administración paralela y ahora introducen "puertas de atrás" en las leyes. "Intentan hacer esa Administración paralela que antes tanto criticaron y que ahora parece que se les ha quedado pequeña", ironiza el parlamentario popular, quien defiende que sea el Consello da Xunta y no la futura Axencia Galega de Emerxencias quien ponga en marcha esa "empresa pública" de servicios.

Según el PP, la Ley de Emergencias "va a traer más problemas" que los que "intenta resolver". A su juicio, la norma transfiere competencias propias de la Xunta a ayuntamientos y diputaciones sin aportarles fondos ni medios para ejercerlas. El Gobierno autónomo, continúa Ruiz Rivas, se encargará sólo de la "alta coordinación" de las catástrofes y "obviará" sus responsabilidades". "Esto, aparte de ser un ataque directo a la autonomía local, supone un incumplimiento fragrante del pacto local", dijo.

Golpe al voluntariado

Ruiz Rivas critica que el proyecto no detalle ni cuantifique los fondos que la Xunta transferirá a ayuntamientos y diputaciones para actuar en caso de catástrofe. "Supone hipotecar y comprometer la capacidad financiera de las entidades locales, especialmente de las diputaciones, y, lo que es peor, desproteger a los ciudadanos al pretender reorganizar los servicios sin las debidas dotaciones presupuestarias",

El PP sostiene que la ley acabará con el voluntariado para las agrupaciones municipales de protección civil. Según Ruiz Rivas, la ley sanciona a estas personas "con multas de elevada cuantía" si no asisten, por ejemplo, a dos cursos o simulacros a los que se les convoque, una disposición que dificultará la captación de miembros para estos colectivos. Los alcaldes serán los encargados de aplicar las sanciones, con lo que, según los populares, la consellería "machaca nuevamente a aquellos a los que se les pide colaboración".

Ruiz Rivas asegura que la Consellería de Presidencia que dirige José Luis Méndez Romeu vive actualmente una "convulsión difícil de entender", después del cese en los últimos meses de seis altos cargos. El último en dimitir ha sido el director general de Protección Civil, Antonio Espinosa, impulsor de la Ley de Emergencias. Espinosa ha regresado a Madrid, como jefe de Protección Civil en el Ministerio del Interior.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 02 de enero de 2007.

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