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COLUMNA

"Piove, porco governo"

El escándalo causado por la crisis de la compañía aérea de bajo coste Air Madrid ha provocado que se hiciese patente una de las características más perversas de nuestra sociedad: la exigencia de todo tipo de deberes y responsabilidades por parte de las administraciones públicas en el terreno de lo que es, en definitiva, pura y simple economía de libre mercado. Hasta algunos de los más caracterizados exponentes del neoliberalismo más extremo han requerido del Estado la adopción, en este caso, de todas las medidas necesarias para resarcir a los centenares de miles de afectados por la crisis de Air Madrid. Más aún, desde las mismas posiciones, siempre reacias a todo tipo de intervención del Estado en el mercado, se ha criticado con dureza a las administraciones públicas competentes por no haber sido capaces de intervenir con mayor celeridad y contundencia en la previsible crisis de esta línea aérea.

Al igual que ocurrió en recientes crisis de otras empresas privadas, por ejemplo Afinsa y Fórum Filatélico, lo sucedido ahora con Air Madrid pone al descubierto una tendencia, al parecer cada vez más mayoritaria en el seno de nuestra sociedad, que parece ver en el Estado un raro y lejano ente protector y benéfico, al que se exige que no intervenga en la regulación y el control de las actividades económicas privadas, incluso de aquellas que entrañan mayores riesgos, pero del que al mismo tiempo, cuando estas actividades económicas entran en crisis, se requiere amparo y protección. ¿Qué habría ocurrido si las administraciones públicas competentes hubiesen suspendido las actividades de las empresas ya citadas antes del estallido de sus graves crisis? ¿No se habría producido una reacción airada, y no sólo por parte de los clásicos adalides de la desregulación y el antiintervencionismo del Estado en la economía libre de mercado, sino también por parte de muchos de los mismos afectados potenciales de estas graves crisis empresariales?

El Estado, y este término abarca a todas las administraciones públicas, sea cual sea el ámbito territorial o de competencias de cada una de ellas, es y debe ser siempre el garante final del ejercicio libre de todas las actividades de una sociedad. También en el terreno económico, que en un modelo de sociedad como el nuestro, al igual que sucede en las sociedades de todo nuestro entorno, se rige por la economía de libre mercado. En este contexto legal, si el Estado no es ni puede ser intervencionista de modo habitual, tampoco puede ni debe serlo en el momento de una crisis, y si exigimos que su intervención sea de tipo permanente debemos aceptar, con todas las consecuencias que de ello se derivan, que imponga regulaciones que pueden acabar chocando con nuestros legítimos intereses como consumidores o usuarios de esos servicios regulados.

Es evidente que el caso de la reciente crisis de Air Madrid es grave. Muy grave y particularmente dramático, ya que la inmensa mayoría de los afectados son personas e incluso familias enteras que se han visto pura y simplemente estafadas, abandonadas a su suerte por una empresa privada en la que habían depositado su confianza, a la que habían dado una parte muy importante de unos ahorros de muchos meses para poder reencontrarse con sus familias en sus países de origen. También fueron muy graves y dramáticas las consecuencias que las crisis de estas dos empresas privadas tuvieron para muchos de los ahorradores que confiaron en Afinsa y Fórum Filatélico. No obstante, los únicos responsables y culpables de estas y otras crisis similares son sólo los administradores y propietarios de estas sociedades, y ellos deben ser los que respondan de todo ello ante la justicia. Más allá de resolver de forma puntual y urgente unas contingencias personales o familiares de especial gravedad, no parece justo ni procedente que las arcas públicas costeen los desastres causados por unas empresas privadas, ya que es de justicia que sean ellas las que lo hagan.

La salida más fácil, ante estas y muchas otras crisis de todo tipo, no sólo de índole económica, es cargar demagógicamente todas las responsabilidades y culpabilidades de estas crisis en las espaldas del Estado y, por consiguiente, en el correspondiente gobierno. Es aquello que los italianos, con su socarrona ironía tan característica, han sabido reflejar en una frase muy popular: "Piove, porco governo".

Jordi García-Soler es periodista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de enero de 2007