Los bancos piden flexibilidad al Tesoro para aplicar la ley de servicios financieros

Preocupación en la banca: llega una compleja directiva europea de servicios financieros para aplicar en las oficinas con los clientes. La Asociación Española de Banca (AEB) ha enviado un documento a la Dirección General del Tesoro, la CNMV y el Banco de España donde dicen que hay varias cuestiones confusas y poco tiempo para resolverlas. La Administración entiende que piden flexibilidad en el proceso para antes de noviembre, cuando se aplicará esta directiva que regulará los depósitos, fondos y otros productos de inversión.

El tsunami regulador, como ha catalogado Juan Ramón Quintás, presidente de las cajas de ahorros, la llegada de normas financieras tendrá su momento culmen en noviembre próximo, cuando comience la aplicación de la Directiva Europea sobre Mercados e Instrumentos Financieros (Mifid, por sus siglas en inglés).

La Comisión Europea tiene, entre sus objetivos, unificar los criterios de comercialización de productos financieros en la Unión Europea, así como que se vendan con más transparencia que en la actualidad. Bruselas también busca que los clientes que rehúyen el riesgo no acaben contratando productos basados en la Bolsa o en productos derivados.

En principio, la norma debería afectar a las sociedades de Bolsa y con actividad en los mercados financieros, pero como los bancos y cajas españoles también han ocupado este terreno, ahora deberán adaptarse.

En la práctica, las entidades deberán revisar la política sobre cómo y dónde realizan las transacciones de mercados de cambio, y documentar y demostrar por qué es la mejor política para el cliente.

Clientes clasificados

Entre otras cosas, los brokers y las entidades que comercialicen productos de riesgo tendrán que clasificar a sus clientes mediante un "test de idoneidad" de los productos o servicios que vendan a cada cliente; deberán ofrecerles una información más detallada de cada producto y sus riesgos; los empleados que asesoren deberán probar su cualificación y estar registrados y, además, habrá un duro régimen sancionador para los que incumplan estas obligaciones. La nueva legislación, entre otros aspectos, acabará con el monopolio de las bolsas al permitir crear nuevos mercados privados de acciones. Según Quintás, la Mifid "constituirá una importante fuente de amenazas y oportunidades para las entidades financieras".

Para ver la situación de partida de las entidades, la CNMV está realizando visitas a ocho grandes cajas y bancos. Posteriormente, se harán más consultas a otras entidades.

Según el calendario vigente, la trasposición de la normativa debería estar para enero, de manera que la ley se pudiera aplicar, como ha dicho Bruselas, en noviembre de 2007.

En un documento que la Asociación Española de Banca (AEB) ha enviado a la Dirección General del Tesoro, a la CNMV y al Banco de España, "parece evidente el interés de los bancos en que las normas puedan ser aprobadas con la mayor celeridad". "Sin embargo", indica a continuación, "ello no implica que la elaboración y tramitación de las normas deba realizarse apresuradamente". Los bancos creen que las prisas podrían tener una nefasta consecuencia: "Una regulación desventajosa frente a sus competidores europeos". Según algunos ejecutivos bancarios, "es fundamental que la Administración aplique esta normativa con flexibilidad porque tiene muchos aspectos y será imposible ponerlos en marcha todos a la vez en noviembre".

La AEB pide que se cuente con un borrador "con cierta rapidez, que pudiera ser debatido por todos los agentes públicos y privados involucrados" para contar con "una cierta seguridad jurídica y sin perjuicio de una tramitación parlamentaria más o menos larga". En todo el documento se repite la idea de la colaboración con la Administración "tanto para el perfeccionamiento de normas como para la elaboración de códigos o guías".

Otro punto importante es que se aclaren los campos de actuación de la CNMV y del Banco de España, ya que se solaparán por la propia naturaleza de la Mifid.

La "prioridad máxima" para la AEB es determinar "a quiénes -empresas y clientes- y respecto a qué -instrumentos, servicios y normas de conducta- se aplican los requerimientos de la directiva". También consideran urgente cómo se va a clasificar a los clientes y los productos.

La directora general del Tesoro, Soledad Núñez, ha reconocido que se va "con retraso" en el proceso de trasposición de la Mifid. El Tesoro está discutiendo un segundo borrador con la CNMV y el Banco de España, y en enero se iniciará el trámite de audiencia pública, que será "enormemente largo", según Núñez, "porque la directiva se lo merece".

Para no perder tiempo, el Tesoro quiere trabajar "en paralelo en la redacción de la norma y en la elaboración del reglamento". El temor de la Administración es que el texto legal "se atasque en el Parlamento, un proceso que no está en nuestras manos", recuerda el Tesoro.