El año de la corrupción

EL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN de la corrupción elaborado por Transparency International, una respetada organización no gubernamental creada en 1993, asigna a España un decoroso puesto -el 23º entre 163 países, de menor a mayor corrupción- en su clasificación anual. Sin embargo, las autoridades españolas no siempre han hecho los deberes para combatir esa plaga delictiva. Por ejemplo, el informe de 2003 del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa reprochaba al Gobierno de Aznar el incumplimiento de sus anteriores recomendaciones de 2001 para la lucha contra la corrupción (especialmente, la independencia investigadora de la fiscalía) y sobre la adopción de una "estrategia global y multidisciplinaria" que implicase a todas las administraciones públicas. Aunque el Gobierno de Felipe González creó en 1995 la Fiscalía Anticorrupción, la destitución en 2003 de su fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, y las medidas restrictivas de sus recursos y ámbito de funcionamiento ordenadas durante el mandato popular colocaron a la institución en vía muerta. El Gobierno de Zapatero ha reforzado, por el contrario, las estructuras de esa fiscalía especializada y ha ratificado el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrito en 2004 por 140 países.

La Fiscalía Anticorrupción investiga decenas de casos ligados a la modificación de planes de urbanismo, recalificación de suelos, permuta de terrenos y licencias de obras municipales

Durante la década de los noventa, la financiación irregular de los partidos constituyó el factor decisivo de las prácticas corruptas como lugar central donde se daban cita la voracidad insaciable de las tesorerías de las formaciones políticas y las desviaciones del dinero negro hacia unos recaudadores cuya clandestinidad les hacía impunes. Vinculado o no a la financiación partidista ilegal, la gran estrella de la corrupción en 2006 ha sido el urbanismo. La modificación de planes, la recalificación de suelos, la permuta de terrenos y las licencias de obras concedidas por los ayuntamientos han enriquecido a una turbamulta de alcaldes, concejales, secretarios, oficiales, intermediarios, promotores, abogados, hombres de paja y constructores. El boom inmobiliario y las facilidades de la Ley del Suelo de 1998 para ampliar las áreas urbanizables han sido el trasfondo de ese carnaval. Y en la línea de salida todavía calientan escándalos de ámbito territorial como Terra Mítica, promovida en Benidorm por la Comunidad Valenciana cuando Zaplana era su presidente.

El inteligente y duro trabajo llevado a cabo por jueces instructores, fiscales anticorrupción, miembros de la policía judicial, interventores del Estado y funcionarios de la agencia tributaria ha hecho aflorar finalmente escándalos de corrupción densamente velados por una tupida red de testaferros, empresas públicas y sociedades instrumentales. El caso de Marbella ejemplifica la lentitud o la ineficacia durante los pasados años de los mecanismos de control administrativo, político y judicial que habrían debido cortar esos abusos. Pero la dinastía fundada por el fallecido Jesús Gil y acrecida por Julián Muñoz y Marisol Yagüe, con Juan Antonio Roca como poder detrás del trono, tuvo tiempo suficiente para saquear los fondos del Ayuntamiento y crear una nueva corte de los milagros del Rey Midas.

Los municipios sometidos a diligencias judiciales o a investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción superan sobradamente la treintena; entre otros, Andratx, en Baleares (el caso salpica al presidente Matas); Telde, en Canarias; Ciempozuelos, en Madrid; Camas, en Sevilla, y Orihuela, en Alicante. Los megalómanos proyectos urbanísticos de Seseña, en Toledo, y de Las Navas del Marqués y Villanueva de Gómez, en Ávila, han suscitado además justificadas denuncias medioambientales. La transversalidad de la corrupción, que alista bajo una misma bandera pirata a oportunistas afiliados a partidos rivales, explica en buena parte el transfuguismo municipal y la proliferación de las agrupaciones electorales independientes. Y aún queda por despejar el secreto mejor guardado del PP madrileño: la espantada en 2003 de los recién elegidos diputados socialistas Tamayo y Sáez, que arrebató a Rafael Simancas la presidencia de Madrid en beneficio de Esperanza Aguirre.