Juncal insiste en erigir un edificio en medio de la plaza de España

Cinco años de obras y cortes de tráfico, iniciados tras la retirada de la polémica estatua ecuestre de Franco, concluyeron el miércoles en la plaza de España de Ferrol con la apertura de un túnel que enlaza sin semáforos los barrios de Esteiro y Canido. Pero el gobierno local del popular Juan Juncal aún tiene otros planes para la emblemática plaza: levantar un edificio de 21 metros, con fines comerciales, en el hueco que dejó libre el célebre caballo del dictador.

La cuestionada legalidad de la obra depende de una modificación del plan de urbanismo que, de momento, la Xunta no ha autorizado. La portavoz del grupo municipal de Esquerda Unida (EU), Yolanda Díaz, sostiene que de acuerdo con la normativa vigente el edificio es "ilegal" y opina que es responsabilidad del alcalde -que gobierna en coalición con Independientes de Ferrol (IF)- ordenar la paralización inmediata de la obra.

Pocas veces un mismo espacio ha generado tanta polémica. Cinco años de obras inacabadas, dos gobiernos de distinto color político y tres ediles de urbanismo de tres partidos diferentes, sumados a una denuncia de los vecinos ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza, dan cuenta de la controversia generada por las obras de remodelación de la puerta de entrada a la ciudad.

El debate sobre el destino de este espacio público comenzó incluso antes de la retirada de la estatua ecuestre de Franco, en julio de 2002. BNG y PSOE, que gobernaban entonces en coalición, diseñaron un proyecto en dos fases que pretendía jubilar la estatua para crear un estacionamiento subterráneo, reordenar el tráfico y modernizar la plaza.

El resultado de las elecciones municipales de 2003 truncó las expectativas de la coalición de izquierdas. El nuevo proyecto del gobierno local entre PP e IF para la plaza de España incluía varios cambios, entre ellos una edificación de 21 metros de altura con fines comerciales en una superficie de 7.458 metros cuadrados, aun cuando la actual ley del suelo recomienda que en espacios comunitarios no se excedan los 12 metros de altura sobre la cuota natural del terreno.

Hasta en cinco plenos el gobierno local se quedó solo en la defensa de su proyecto, pero que en mayo de 2005 le adjudicó la obra a la empresa Abeconsa, la única que se presentó al concurso. Para ejecutar el proyecto, cuya legalidad está en entredicho, el gobierno de la ciudad todavía depende de que la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta apruebe una modificación puntual en el Plan Xeral de Ordenación Municipal que cambiaría la consideración de sistema general viario que actualmente rige en la plaza. La Consellería de Política Territorial asegura que el Ayuntamiento no ha completado aún los trámites necesarios, entre ellos una evaluación de impacto ambiental.

Según Xaime Bello, portavoz del BNG, el cúmulo de retrasos y de informes desfavorables desvirtúan el proyecto inicial, que en su opinión ha sido corrompido por "una gestión pésima" y "la incompetencia manifiesta" de los gobernantes populares. Los socialistas también se oponen, mientras que la responsable de EU asegura que recurrirán a los tribunales para evitar la construcción de un edificio privado "absolutamente ilegal" en suelo público.

Para acallar las críticas, el alcalde encargó al secretario municipal un informe jurídico. El funcionario emitió un documento favorable en el que indica que el expediente "goza de apariencia de legalidad y presunción de validez". Sin embargo, la Dirección Xeral de Urbanismo sostiene que, de momento, la construcción "no es viable".

La Federación Vecinal Roi Xordo ha presentado una denuncia ante la fiscalía, mientras que la Plataforma Ártabra 21 ha convocado una nueva movilización para el próximo mes de enero exigiendo la paralización de las obras. "Utilizar el suelo público para usos privados es corrupción", dicen sus portavoces. Pero el gobierno local está empeñado en concluir la obra en marzo.