Un mes de sosiego

Al superarse los primeros 30 días de José Montilla al frente de la Generalitat, el Gobierno catalán ha cumplido el primer objetivo que le pidió el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y que el mismo Montilla asumió como un compromiso propio: abrir una etapa de sosiego en la política catalana. Tras los baches del primer tripartito, del vendaval que acompañó la negociación del Estatuto, del forzado sacrificio político de Pasqual Maragall y del correctivo electoral enviado por una ciudadanía cada vez más abstencionista, se imponía una dosis de tranquilidad y de trabajo discreto.

Y esto es a lo que se han dedicado Montilla y sus dos socios en el Gobierno catalán. Los partidos que apoyan el refundado tripartito, ahora autodenominado Govern d'Entesa, se han propuesto llevar adelante la que fue la principal tesis de Pasqual Maragall: mantener unida la izquierda catalana para llevar adelante un proyecto reformista a ocho años vista como mínimo. Y para dejar claro que no reniegan de su anterior etapa en el Gobierno se han dedicado a enviar al Parlamento sin apenas retoques hasta 11 proyectos de ley que ya aprobó el Ejecutivo de Pasqual Maragall pero que el anticipo electoral impidió tramitar. Se trata de 11 leyes de alto contenido simbólico y que más allá de su contenido, se han ido aprobando de tal forma que sirvan para lanzar guiños de complicidad hacia amplios sectores sociales. Así, se ha aprobado la ley de universalización de los servicios sociales, la ley de acceso a la vivienda, la de creación del Consejo de la Cultura y de las Artes y la creación de la Agencia Catalana de Turismo.

El nuevo tripartito defiende la validez de su proyecto original pese a la ausencia de Maragall

La aprobación de estas leyes y de otra docena más que las seguirán en las próximas semanas da aire al Gobierno para comenzar a preparar las que serán las primeras leyes de su nueva etapa y las primeras del equipo de Montilla. Esto no llegará, sin embargo, antes de mayo.

Las relaciones con el Gobierno central se encuentran en un momento de ver y esperar, sobre todo ante la aparición de los primeros nubarrones por el decreto de Educación que prevé aumentar las horas de castellano en las escuelas catalanas y el calendario de negociación de la nueva financiación autonómica.

Esto hace que el sosiego de estas primeras semanas no sea interpretado como algo positivo por la oposición. Convergentes y populares coinciden en que si el Gobierno no hace ruido no es porque esté bien cohesionado, sino porque simplemente no hace nada. A cinco meses de las elecciones municipales, Convergència i Unió tampoco ha desaprovechado ninguna oportunidad para poner de relieve el "sometimiento" de Esquerra Republicana a los dictados de Montilla.

Lo cierto es que tanto CiU como el Partido Popular se han resituado en su labor opositora un tanto alarmados ante la posibilidad de que esta vez los tres partidos de la izquierda apuesten decididamente por una colaboración a largo plazo y esto les obligue a hacer un ingente esfuerzo para intentar regresar al poder.

Por este motivo, los primeros pasos de la oposición se han hecho en los frentes que, a priori, podrían dividir al Gobierno, con las infraestructuras y la política lingüística en la cabeza. Convergentes y populares creen que la presencia de los ecosocialistas de Iniciativa en el Gobierno acabará por hacer aflorar las discrepancias de fondo del tripartito ante los proyectos de nuevas infraestructuras como la autovía radial de Barcelona, el cuarto cinturón, o la conexión eléctrica con la red francesa a través de los Pirineos. Los populares, desgastados por la entrada de Ciutadans en la Cámara catalana, han recuperado su actitud beligerante contra las leyes de política lingüística de la Generalitat y las sanciones que éstas prevén en algunos casos.

Pero de momento, el Gobierno ha actuado con unidad y sus partidos se han conjurado para que sus discrepancias afloren sólo en el Parlamento, nunca en el Palau de la Generalitat. A ello ha ayudado que los tres hombres fuertes del Gobierno, José Montilla, Josep Lluís Carod y Joan Saura, han acordado que se abstendrán de hablar en nombre de sus respectivos partidos y sólo lo harán como miembros del Gobierno.