Hacienda propone que la financiación autonómica refleje mejor la población

La población de las comunidades autónomas es clave para determinar el volumen de financiación que reciben esas Administraciones. Ésta es la principal conclusión del documento sobre financiación autonómica que hizo ayer público el Ministerio de Economía y Hacienda. El Gobierno perfilará en 2007 un nuevo modelo de financiación, aunque no entrará en vigor hasta la próxima legislatura. Para frenar las demandas territoriales, Hacienda advierte: "No cabe pensar que el Estado vaya a transferir una gran cantidad de recursos; ya está casi todo transferido".

Las comunidades recibieron ayer un documento del Ministerio de Economía que recoge un diagnóstico sobre el actual modelo de financiación, vigente desde 2001. A la vuelta de vacaciones, las comunidades deberán reunirse con el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y empezar a debatir, a partir de este texto, el nuevo sistema que se pretende elaborar. El actual no tiene fecha de caducidad, pero el Ejecutivo entiende que las necesidades de las comunidades han cambiado y que el sistema debe contemplar nuevos supuestos.

Aunque Hacienda no quiere aventurar cuáles serán las características del próximo modelo, el análisis del actual apunta a una conclusión clara: la evolución de la población no tiene el efecto que debiera en la asignación de recursos a las comunidades. Ésta ha sido una de las quejas expresadas por algunas comunidades cuya población se ha disparado en los últimos años -en gran parte por la inmigración- para reclamar más dinero. El criterio de población favorecería a las comunidades con grandes aumentos demográficos en los últimos años, como Andalucía, Cataluña, Madrid o Baleares.

"El modelo debería ser más flexible, ajustarse más a los cambios de población", explicó el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, en la presentación del documento. Con el actual modelo, los aumentos de población han provocado una reasignación entre comunidades de los recursos ya existentes, a favor de las más pobladas, en lugar de incrementarlos. La actual normativa de 2001 establece que anualmente se analizarán los efectos de la población en la financiación.

Ocaña quiso templar las expectativas de las comunidades autónomas que esperan que el nuevo sistema les reporte una lluvia de recursos para hacer frente a sus crecientes gastos. "El debate no debería centrarse en la aportación de recursos adicionales por parte de la Administración central", advirtió Ocaña. El responsable de Hacienda argumenta que el Estado central ya ha transferido la mayor parte de las competencias y los recursos iniciales para financiarlas y que ahora deben ser las Administraciones territoriales las que se preocupen de buscar sus ingresos.

Las comunidades tienen cada vez más problemas para cuadrar sus cuentas, pese a que sus ingresos han crecido por encima de lo que avanza la economía en los últimos años. Estas Administraciones se hacen cargo de la sanidad y la educación, los dos ámbitos que más gasto generan. Las comunidades se quejan de que la legislación de la Administración central sobre esas materias les genera gasto sin aportar recursos. Para 2006 se prevé un déficit de una décima del PIB en las comunidades. "Sería beneficioso que las comunidades ejercieran más su responsabilidad a la hora de gastar. Que la que quiera gastar más asuma la responsabilidad de recaudar esos tributos. Que el debate no sea pedir al Estado", señaló Ocaña.

Más transparencia

El responsable de Hacienda admitió otra de las críticas que vierten periódicamente algunas comunidades: el sistema no es transparente en cuanto a lo que aporta y lo que recibe cada territorio. "Es imposible valorar la solidaridad en las transferencias de cada comunidad. Éste será uno de los temas importantes del debate", vaticinó. Pero el instrumento empleado para medir la solidaridad no será el que reclama Cataluña: la publicación de las balanzas fiscales (reflejan la forma de distribución del gasto público entre comunidades). "Lo hemos examinado y encontramos serias dificultades para aplicar ese concepto", zanjó.

Economía siempre ha defendido que resulta difícil valorar a qué territorio beneficia una determinada inversión pues, por ejemplo, el AVE a Sevilla se contabiliza como inversión en Andalucía pero beneficia a otras comunidades. No obstante, Solbes se comprometió a dar a conocer esas balanzas.

Lo que sí está decidido es que la nueva financiación no entre en vigor hasta la próxima legislatura. La idea es perfilar un modelo con las comunidades el año próximo para aprobarlo a principios de la siguiente legislatura (en caso de que el PSOE siga en el poder). En principio, el Gobierno prometió sacarlo adelante en este mandato.