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El burro catalán y el zorro andaluz

El año 2006 quedará en la historia del Estado autonómico como el año de los estatutos de autonomía, especialmente dos. El Estatuto catalán, que abrió nuevamente el muro de contención del desarrollo de la autonomía política en España, y el Estatuto andaluz, que ha aprovechado tal circunstancia. El pasado 20 de diciembre el Senado aprobó casi por unanimidad el Estatuto de Andalucía, que podría denominarse también Estatuto de Andaluña, por el evidente parecido que tiene con el Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006, con unas cuantas decenas de artículos literalmente iguales o casi. Es para felicitarse que la comisión bilateral ya no sea vista como confederal, o bien que un Estatuto que tiene 250 artículos no sea denunciado como reglamentista, o bien que la prolija relación de competencias no sea interpretada como intervencionismo puro y duro, o que la expresión "realidad nacional" no signifique ningún peligro para la unidad de España. Y muchas cosas más se podrían aducir al comparar los dos procesos de reforma estatutaria para preguntar a todo el Partido Popular y a una parte importante del PSOE: ¿por qué tantos problemas con el Estatuto catalán y tan pocos con el andaluz? Gracias a los catalanes los andaluces son felices, pero en nuestro caso persiste la sensación de haber sido el burro de la película.

Las reformas de los estatutos muestran, además, el tacticismo electoral del PSOE y el PP, que asumen con igual convencimiento estatutos tan distintos y distantes como el de la Comunidad Valenciana y el de Andalucía. Socialistas y populares no tienen realmente un modelo de Estado, sino una simple estrategia electoralista que explica estas incoherencias políticas. Cataluña tiene el Estatuto de autonomía de 2006 porque el PSOE no podía asumir el coste electoral que implicaba su fracaso. El PP se ha sumado a última hora al consenso para la aprobación del Estatuto de Andalucía, contradiciendo todo su discurso realizado hasta ahora, porque corre el riesgo de recibir un varapalo electoral que lo despida para siempre como alternativa de gobierno en Andalucía. La tímida propuesta de reforma constitucional del PSOE y la grosera contrapropuesta del PP son muy preocupantes para el futuro del Estado autonómico. El PSOE teme a la federación y duda sobre el desarrollo autonomista de la Constitución española de 1978; el PP no tiene ninguna duda para proponer una contrarreforma constitucional que cercena y bloquea el Estado autonómico.

A pesar de que Cataluña ya cuenta con el nuevo Estatuto, no parece haber cambiado nada por el momento. ¿Seguimos igual que antes? Después de tanto tumulto, de tantos artículos y declaraciones contra los excesos autonomistas de Cataluña, hemos vuelto a la dura realidad de negociar cada paso, cada pasito, para mejorar y ampliar el autogobierno. Espero y deseo que dentro de un año el presidente de la Generalitat pueda demostrar el cambio cualitativo del autogobierno, un desarrollo legislativo que pruebe el mayor peso político de la autonomía catalana, una más justa distribución de los recursos y de la financiación autonómica, y muy especialmente una nueva y más federal cultura autonómica en las relaciones entre Barcelona- y Madrid. Porque los partidos catalanes no pueden aceptar el último golpe bajo que representaría la devaluación del Estatuto de 2006 en su interpretación, aplicación y desarrollo.

Visto lo sucedido en los últimos 30 años, el catalanismo debe rectificar algunos de sus rasgos y maneras de proceder. Hace falta más astucia y menos soberbia. Fuimos protagonistas en la transición con dos ilustres representantes en la ponencia constitucional, pero no supimos defender con mayor inteligencia un sistema fiscal y de financiación de las autonomías más justo para Cataluña. El pujolismo, con la complicidad de las izquierdas catalanas, asumió como un sello de identidad catalanista la gobernabilidad de España, y con ello puso en un segundo plano las insuficiencias manifiestas de una autonomía política, que parecía mucho más de lo que realmente era por la fuerte personalidad política de Jordi Pujol. Nos vanagloriamos de ser los más europeístas, pero lo cierto es que Europa nos responde que a Bruselas se llega vía Madrid. Nos lanzamos hacia la reforma del Estatuto, provocando la reforma general de los demás estatutos de autonomía. La reacción es de órdago y reaparece el desbordante anticatalanismo que impera en los medios de comunicación españoles, cuando desde Cataluña se propone otra España más acorde con su propia diversidad. Mientras tanto, Andalucía hace su camino astutamente y con todos los beneficios políticos, que culminan con la guinda, expresada por su presidente: "El Estatuto de Andalucía es la prueba de que España no se rompe".

Es evidente que necesitamos ser más listos y, también, más realistas. El poder de Cataluña en la política española radica en su cohesión social y unidad política. ¿Podemos esperar de los partidos catalanes la defensa unitaria del Estatuto? Importantes instituciones de la sociedad civil catalana se inhibieron de la campaña para la aprobación del Estatuto ante la división dentro del catalanismo político. No estoy nada seguro de que cambien el tacticismo y el electoralismo que han caracterizado la acción política de los partidos catalanista. Pero este cambio hacia la unidad de acción en las cuestiones más importantes para el autogobierno de Cataluña es imprescindible. La defensa y el despliegue del Estatuto exigen que terminen las jugadas cainitas entre los partidos catalanes. En Cataluña tenemos un sistema de partidos propio que puede ser determinante en la política española cuando el PSOE o el PP no tienen mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Es inconcebible que no se sepa aprovechar esta circunstancia. Pero todavía es más aberrante que se divida el catalanismo político a beneficio de los intereses de un centralismo español que sigue y seguirá. Política es pedagogía, decía Campalans. Será cierto, pero a muy largo plazo y si llegamos a tiempo. Mientras tanto, la política es astucia.

Miquel Caminal es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona.

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