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El gobierno de Palomares defiende hoy un plan urbanístico que cuadruplica su población

El texto inicial del PGOU de la localidad sevillana sobrepasa los límites fijados por la Junta

Alejandro Bolaños

El Ayuntamiento de Palomares del Río someterá hoy a votación del Pleno la aprobación inicial de su nuevo plan urbanístico, que sobrepasa los límites de crecimiento recientemente establecidos por la Junta de Andalucía. Según el número de viviendas previstas en el texto, la localidad sevillana (unos 5.800 habitantes), gobernada por la Unión de Izquierdas de Palomares del Río, sobrepasaría los 25.000 habitantes en los próximos 16 años, lo que casi quintuplica la población actual. Y también supera con creces el límite fijado por la Junta para los primeros ocho años de desarrollo del plan.

La nueva norma de la Junta, que restringe al 30% el crecimiento máximo que pueden programar los nuevos planes urbanísticos para los próximos ocho años, ha llevado a muchos municipios a revisar los planes que estaban formulando. El Ayuntamiento de Palomares del Río mantiene que la revisión de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se ajusta a las nuevas condiciones de la Junta, pero el criterio de la Consejería de Obras Públicas es bien distinto.

"Yo creo que sí que cumplimos lo que dice la Junta", indicó ayer Manuel Casado, concejal de Urbanismo de esta localidad sevillana de la comarca del Aljarafe, en el área metropolitana de la capital andaluza. El arquitecto municipal de la localidad, Antonio Ocaña, explicó los datos en los que se basa la posición del Ayuntamiento. El texto parte de una cifra inicial de viviendas de 4.600, al incluir además de las 2.400 que ya están construidas, otras 2.200 que estaban previstas en el plan urbanístico en vigor (varias ya en construcción).

La revisión del plan que se somete hoy a votación prevé, según las cuentas del arquitecto municipal, la construcción de 2.100 viviendas en los primeros ocho años, un 45% más sobre las 4.600 viviendas. De ellas, 700 son protegidas. El Ayuntamiento interpreta que la limitación de la Junta sólo hace referencia a las viviendas de renta libre. Es decir, que sólo afectaría a 1.400 nuevas viviendas, un crecimiento del 30% sobre las 4.600 que el plan recoge como cifra inicial. "La Junta tendrá que decir si es correcto", admite Casado.

Un portavoz de Obras Públicas aclaró que el límite del 30% hace referencia a la población, independientemente de si se planea que ocupe viviendas protegidas o de renta libre, por lo que la interpretación del Ayuntamiento no sería válida. Como tampoco lo es el cómputo general realizado por el gobierno de Palomares del Río. El cálculo correcto, según la Consejería, parte de aplicar a la población actual (5.800 habitantes en Palomares), un crecimiento del 30% para establecer la población máxima (7.540 habitantes en este caso) que se podrá alcanzar en ocho años. El índice aplicado habitualmente por Obras Públicas es de 3,5 habitantes por vivienda. Es decir, para un crecimiento de 1.740 habitantes, sólo serían necesarias 500 nuevas viviendas. Y en el municipio ya hay autorización para construir 2.200.

Además, el nuevo plan prevé que, en 16 años, el parque de viviendas de Palomares del Río, alcance un máximo de 8.800 viviendas, lo que equivaldría a una población de más de 25.000 habitantes. La plataforma Aljarafe Habitable puso en duda estas cifras. "Calculamos que en el futuro se podrían construir otras 1.700 viviendas en lo que ahora se clasifica como suelo urbanizable no sectorizado", explicó Juan Antonio Morales, representante de la plataforma. Aljarafe Habitable también cree que el nuevo documento sigue vulnerando la declaración como zona protegida de la cornisa este del Aljarafe, como ha denunciado ante la fiscalía. "Nos hemos adaptado al plan de protección", rebate el edil de Urbanismo, quien dice que tras "un estudio pormenorizado del paisaje", sólo se ha dejado fuera de los límites originales de la zona de protección una "pequeña parte".

Una vez que se apruebe de forma inicial, el nuevo plan se remitirá a la Junta, que dirimirá si se adapta a la normativa urbanística. El Ejecutivo andaluz también debe emitir la declaración de impacto ambiental, que evaluará si se ha respetado la protección de la cornisa del Aljarafe.

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