El Ayuntamiento otorgó la licencia de actividad a la subestación de Patraix

La ubicación de la subestación eléctrica de Iberdrola y el cable que le suministra 220.000 voltios de electricidad han despertado una fuerte oposición vecinal en el barrio de Patraix y una batalla política entre los diferentes grupos con representación en el Ayuntamiento de Valencia. Los residentes sostienen que esta instalación puede ser nociva para su salud, consideran que se ha vulnerado el principio de precaución e instan al equipo de Gobierno local a hacer pública la concesión de dicha licencia de actividad tras la puesta en marcha de la instalación. El primer teniente alcalde, Alfonso Grau, ha asegurado en diversas ocasiones que la subestación no requiere de ningún tipo de autorización porque la actividad que desarrolla es "inocua", algo que ha desmentido sistemáticamente la concejal de EU-L'Entesa, Maria Victoria González, quien además considera que cualquier actividad requiere de licencia.

Pese a las declaraciones de Grau, quien además atribuye toda la responsabilidad al Gobierno central por haber dado la aprobación del proyecto de ejecución de la subestación, un informe municipal señala que el consistorio concedió la licencia de actividad "inocua" el pasado 5 de diciembre.

Impacto nulo

El mismo informe señala una resolución de la Generalitat donde se establece que el impacto de la subestación es "nulo". El documento asegura que, según la Consejería de Territorio y Vivienda, "la existencia de la subestación generará una modificación de los campos electromagnéticos, que será ligera, siendo los niveles de campo muy inferiores a los máximos recomendados a nivel internacional". El texto también hace referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que en relación con los campos electromagnéticos, pone de manifiesto que "a la vista del estado actual de la ciencia no se ha demostrado que supongan peligro para la salud".

Sin embargo, la comisión para el traslado de la subestación, que aglutina el movimiento de protesta contra la ubicación de esta infraestructura, recibió a finales de noviembre una buena noticia. El mismo TSJ estimó el recurso de apelación presentado por la comisión contra la decisión del juzgado de lo contencioso-administrativo de archivar la demanda de los vecinos. Los residentes habían interpuesto dicho recurso contra la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Valencia para construir la subestación.

Por otra parte, el concejal socialista Francisco Carsí aseguró que aún no tiene noticias sobre el informe que el ex Síndic de Greuges Bernardo Del Rosal recomendó elaborar al gobierno del PP y a la Consejería de Sanidad en febrero de 2006 sobre los posibles efectos en la salud de los vecinos de Patraix en relación con la instalación.