La misma oportunidad

Ninguna fuerza política niega que la igualdad de oportunidades constituya uno de los pivotes en que se asienta una sociedad justa y económicamente avanzada. Pero mientras unos reducen al mínimo el papel de los poderes públicos en la tarea de hacer efectiva esa igualdad, otros les reservan un protagonismo sustancial. Desde el punto de vista constitucional, esta última posición es inatacable: el artículo 9 de la ley fundamental encarga a los poderes públicos que remuevan los obstáculos que dificulten la igualdad real entre los ciudadanos.

La Ley de Igualdad aprobada en el Congreso responde a ese mandato, arbitrando toda una serie de medidas en los ámbitos público, privado y laboral que buscan facilitar la igualdad de oportunidades en el punto de partida y a lo largo de todo el recorrido profesional, donde con frecuencia se sitúan los mayores obstáculos. Se trata de una norma importante, utópica quizás por los objetivos que propone. Por ello mismo, merece todo el apoyo, por más que en algunos aspectos resulte discutible. Hay que lamentar la abstención del PP en la votación final, pues aunque la ley mantenga aspectos que no gustan a este partido, como la paridad en las listas electorales, tiene otros muchos que ninguna fuerza política con vocación de gobierno puede dejar de apoyar.

La medida socialmente más trascendente es sin duda la ampliación a 15 días del permiso de paternidad, al que podrán acogerse tanto el padre como la madre. Facilitará la incorporación de la mujer al trabajo y la del hombre a las tareas domésticas y cuidado de los hijos menores, ayudando a corregir los desequilibrios que persisten ahora. La norma aprobada parece haber superado la tentación de cuantificar la presencia femenina en determinados ámbitos sin atender a parámetros de valía y eficiencia. De ahí que el ministro de Trabajo señalara en su discurso de presentación al Congreso, refiriéndose al polémico asunto del acceso de la mujer a los consejos de administración, que ese acceso no supondrá de ningún modo dar de lado a los principios de mérito, capacidad, eficiencia y competitividad que rigen la empresa privada. A la ley no le faltarán sin duda obstáculos en la práctica, pero una vez que entre en vigor, previsiblemente en marzo, nadie podrá alegar vacíos legales para justificar con impunidad prácticas discriminatorias.