El año del Estatuto

Políticamente hablando ha sido un buen año para Andalucía. A finales de 2005 nadie en su sano juicio hubiera podido imaginar que 2006 iba a acabar como ha acabado. La resaca de la aprobación de la proposición de ley de reforma del estatuto de autonomía por el Parlamento de Cataluña había generado un desconcierto y una inseguridad considerables en casi todo el territorio del Estado, pero de manera muy especial en Andalucía. Entre otras cosas, porque era la única comunidad del artículo 151 de la Constitución que ya tenía iniciado el proceso de reforma de su estatuto. Todo parecía indicar que la reforma estatutaria andaluza seguiría los pasos de la reforma estatutaria catalana y que, en consecuencia, sería imposible que se llegara a un consenso para su aprobación.

Afortunadamente, las cosas no han sido así y al final, solamente al final, pero al final, se ha conseguido que el PP haya acabado haciendo suyo el nuevo estatuto de autonomía para Andalucía. Ayer jueves se aprobó definitivamente en el Senado prácticamente por unanimidad el texto tal como había sido aprobado en el Congreso de los Diputados y, en consecuencia, ya sólo queda la aprobación en referéndum para que pueda ser publicado como Ley Orgánica.

Ahora hay que explicar lo que el Estatuto significa. Lo que significa políticamente. Un estatuto de autonomía, exactamente igual que una constitución, pues a fin de cuentas eso es lo que es, es simultáneamente un documento político y una norma jurídica. En cuanto documento político tiene que ser conocido y entendido por todos. En cuanto norma jurídica es importante que se lo conozca y se lo entienda, pero que se lo conozca y se lo entienda sin pretender que todos los ciudadanos acaben siendo juristas.

Lo que hay que conseguir de aquí al día del referéndum de ratificación del estatuto es que los ciudadanos consigan ver con claridad la relación de causalidad que hay entre el proceso estatuyente originario de principios de los ochenta y el proceso de reforma que estamos acabando de recorrer. Estamos donde estamos no por casualidad, sino porque estuvimos donde estuvimos inmediatamente después de aprobada la constitución, cuando el Gobierno de la nación de entonces y posiblemente la inmensa mayoría de los ciudadanos des resto del Estado consideraban que ese no era el sitio que nos correspondía.

En este sentido, resulta oportuno contrastar la facilidad con que hemos recorrido el proceso de reforma con la extraordinaria dificultad con que recorrimos el proceso estatuyente originario. Nadie ha discutido en 2006 la legitimidad de la comunidad autónoma andaluza para hablar de sí misma y para reivindicar su posición en el Estado en los términos en que lo ha hecho.

Ya no tenemos que reivindicar nada en lo que al ejercicio del derecho a la autonomía se refiere. Ahora simplemente tenemos que ejercerlo. Si el 4 de diciembre de 1977, el Pacto de Antequera de 1978, el 28 F de 1980 y la aprobación del estatuto originario fue el bautismo del ejercicio del derecho a la autonomía al máximo nivel, la reforma de 2006 está siendo la confirmación. Las dudas que acompañaron, tanto dentro como fuera de Andalucía, al proceso estatuyente originario, han desaparecido en el proceso de reforma.

Esta es la razón de que el proceso del 2006 haya sido mucho menos heroico del que recorrimos en los últimos años setenta y en los primeros ochenta. El ejercicio del derecho a la autonomía al máximo nivel por la comunidad autónoma de Andalucía ya no lo discute nadie, ni dentro ni fuera de nuestra tierra. Ya no tiene sentido hablar de un estatuto de primera como si fuera algo que se tiene que reivindicar. Eso estaba conseguido antes de que se iniciara la reforma, que, justamente por eso, ha tenido una tramitación relativamente pacífica, que ha dado serenidad al proceso de reforma de la estructura del Estado en su conjunto.

Ya tenemos definidas entre todos, o mejor dicho, entre casi todos, porque ha faltado el PA, las reglas de juego para los próximos decenios. Ha sido un buen año.