El CES constata también que Euskadi tiene uno de los gastos sociales más bajos de la UE

Eukadi gasta cada vez menos en prestaciones sociales, con cifras que se sitúan por debajo de la media del conjunto de España y de la Unión Europea de 15 miembros, antes de la ampliación al Este. Sólo la República de Irlanda presenta un gasto menor, según concluye un estudio sobre protección social realizado por el Consejo Económico y Social (CES) de Euskadi. Este texto coincide en sus análisis con el reciente Informe Socieconómico 2006 realizado por el Eustat, si bien sus datos son más actualizados, hasta 2003. El informe se aprobó con el voto en contra de ELA.

Euskadi destinó en 2003 a protección social un 19,2% de su Producto Interior Bruto (PIB), frente al 19,7% del conjunto de España y el 28,3% de la media de los países de la UE-15. El País Vasco sólo supera en esta materia a Irlanda, que destinó ese año el 16,5% de su PIB a tal finalidad.

El secretario general del CES, Javier Mañueco, y Leire Ozerin, responsable de estudios y proyectos del organismo, explicaron ayer en Bilbao que el estudio, que plantea una serie de recomendaciones en esta materia, se limita por cuestiones metodológicas a las medidas de desempleo y exclusión social. Los datos que se aportan tienen como fecha tope mayo de 2004.

El informe, igual que hace tres semanas concluía el del Eustat, detalla que la situación en Euskadi se mantiene estable gracias a la protección que supone el apoyo de familias, vecinos y amistades, las conocidas como redes primarias de apoyo social. Por sectores, Euskadi se encuentra a la cola del gasto español y europeo en atención sanitaria, invalidez, en vejez, en familia, desempleo, vivienda y exclusión social.

El texto del CES busca abrir una reflexión sobre la situación actual de la protección social y sus posibles soluciones. El informe se hace público en pleno debate sobre el gasto social en Euskadi y la financiación de las prestaciones que establece la nueva ley de Dependencia. Además de querer alertar a las administraciones sobre los problemas de la exclusión, el informe quiere servir de herramienta para todos los agentes sociales.

Voto en contra de ELA

El sindicato nacionalista ELA fue la única de las entidades representadas en el pleno del CES que el pasado martes votó en contra del texto y firmó un voto particular, que se hará público, según señalaron fuentes del CES. Mañueco aseguró que la pretensión de ELA, que también ha incidido en los últimos tiempos en el escaso gasto social vasco en comparación con el conjunto de España y de Europa, era realizar un análisis comparativo que abarcase muchas más áreas y prestaciones con el conjunto de los países de la UE, algo que la comisión que elaboró el informe lo consideró inviable. Mañueco aseguró que esta decisión llevó a ELA al voto negativo. El Gobierno mantuvo ayer silencio sobre el resultado del informe.

Al abordar el desempleo, el texto señala que la tasa de cobertura de los parados en el País Vasco se sitúa en el 60,6%, casi 16 puntos por debajo de la media española (76,2%). Al analizar este dato se debe considerar que la tasa de desempleo en Euskadi es más baja que el total nacional y que los parados que engordan las listas del Inem son aquellos que tienen un peor acceso al mercado laboral. El 45% de los parados vasco provienen de algún contrato de carácter temporal, según las conclusiones del CES.

El informe se para también a analizar las cuantías de SMI (Salario Mínimo Interprofesional), 475 euros mensuales, y de la renta básica, 435 euros. Ambas se encuentran por debajo del nivel establecido como umbral de pobreza (776 euros). Así, determina que los perceptores de esta ayuda siguen siendo pobres. De hecho, el SMI se encuentra por debajo de lo que estima razonable la Carta Social del Consejo de Europa.

El CES recomienda en materia de pobreza que se complementen hasta el salario mínimo las pensiones que reciben los mayores de 65 años, las de viudedad y en general todas las que se hallen por debajo de este nivel. Propugna también abrir una reflexión sobre los diferentes aspectos de la renta básica: si la prestación se debe someter a la demostración de ingresos, qué colectivos y con qué requisitos deben tener acceso a ella, cuál debe ser su cuantía o si debe tener o no una contraprestación por parte del receptor.

Mañueco indicó que el CES no hace una propuesta concreta, sino que quiere abrir un debate general sobre el futuro de las pensiones y las condiciones para su acceso.

Dentro de estas reflexiones incluye la posibilidad de alargar la vida laboral activa de las personas mayores de forma voluntaria más allá de los 65 años, edad de la actual jubilación obligatoria.

El CES apuesta por mejorar las infraestructuras y los servicios sociocomunitarios para que las familias puedan conciliar responsabilidades laborales, familiares y personales. En este terreno aboga por ampliar las plazas de alojamiento, explorar nuevas modalidades de centros y servicios de atención para estas personas y sus familias, la revisión de los horarios escolares y la impartición de cursos de formación para la mujer en lugares y horarios que faciliten la conciliación. En materia de desempleo, el CES vuelve a incidir en una vieja reivindicación: la existencia de una única institución dedicada a gestionar las políticas activas de empleo. Ahora conviven el Inem, ya que el Gobierno no asume esta competencia, con Lanbide, un servicio vasco que actúa en paralelo.