La Fiscalía abre una investigación sobre el Plan Rabassa

La Fiscalía de Ambiente y Urbanismo, adscrita a la Fiscalía General del Estado, ha exigido documentación relacionada con el Plan Parcial Rabassa tanto a la Consejería de Territorio como al Síndic de Greuges, tras estudiar el escrito de queja remitido por la Plataforma Iniciativas Ciudadanas (PIC), según publicó ayer el diario Información. La decisión del Ministerio Público ha sido acogida como "una buena noticia" por la PIC, integrada por profesores, ecologistas, agricultores, delegados sindicales y ciudadanos de Alicante, que el pasado 20 de octubre enviaron un escrito explicativo de este plan urbanístico.

El Plan Parcial Rabassa comprende una superficie de 4,2 millones de metros cuadrados que, excluida del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), está catalogada como suelo no urbanizable y acoge, además, una zona húmeda de "gran interés natural y paisajístico". En este espacio se prevé, entre otras actuaciones, la construcción de más de 15.000 nuevas viviendas que supondrán una población estimada de 40.000 habitantes.

El escrito de la Fiscalía remitido a la PIC recoge textualmente que, "tras el estudio de todo ello, se ha recabado informe a la Consejería de Territorio, así como se ha solicitado del Síndic de Greuges la remisión de copia de todas las ya remitidas a esta última institución por el Ayuntamiento como por la propia consejería". Las actuaciones abiertas por el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo representan "la apertura de unas diligencias dirigidas a averiguar la posible existencia de supuestos ilícitos ante un hecho, el Plan Rabassa", según dijo a Efe, Carlos Gómez Gil, portavoz del colectivo.

Esta actuación urbanística fue aprobada en un pleno municipal celebrado en abril de 2005 y tanto el PP como el PSOE votaron a favor. Para la PIC, este plan vulnera aspectos "cruciales" de lo dispuesto en la Ley Urbanística Valenciana (LUV), Ley de Ordenación del Territorio (LOT) y Ley de Suelo No Urbanizable (LSNU). Según recoge el escrito de queja presentado por esta Plataforma ante el Síndic de Greuges, la aprobación del plan supone meter dentro de Alicante otra ciudad del tamaño de Elda (50.000 habitantes), que demandará "recursos eléctricos, hídricos, sociales y de infraestructuras de las que se carece", cómo ejemplo, tal desarrollo urbanístico demandaría una cantidad de agua similar a la de toda la ciudad de Santa Pola, algo que "no parece que en estos momentos se pueda garantizar", añade el escrito.

Consumo de agua

El portavoz de Ecologistes en Acción, Carlos Arribas, cuya entidad se integra en la PIC, advirtió de que esta actuación urbanística supondría un consumo adicional de cinco hectómetros cúbicos de agua potable al año en la ciudad de Alicante. "Es decir, que los proyectos de nuevas desalinizadoras en Alicante se destinarían para dar respuesta a una nueva necesidad", dijo.