Los alcaldes piden garantías para no parar la edificación en la costa

Los ayuntamientos, sea cual sea el color político de su alcalde, piden a la Xunta que la ley que impedirá a los municipios desarrollar suelo urbanizable a menos de 500 metros de la costa respete las zonas donde ya se han empezado a tramitar edificaciones. La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) no decidirá si apoya los cambios hasta que el director general de Urbanismo no les aclare qué ocurrirá en esas áreas.

Los ayuntamientos no quieren que la Xunta les ponga "pegas" a la construcción en las zonas costeras donde el suelo ya está clasificado como urbanizable. La Fegamp pretende que el director general de Urbanismo, Ramón Lueje, les aclare esta misma semana las consecuencias que tendrá para estas áreas la Ley de Medidas Urgentes en materia de Ordenación del Territorio y del Litoral de Galicia. Según aseguró el presidente de la federación de municipios, Xosé Crespo, la Consellería de Política Territorial afirmó en un principio que la norma no afectaría al suelo "perfectamente consolidado". Sin embargo, a los miembros del comité ejecutivo de la Fegamp -donde están representados el PP, el PSOE, el BNG y las formaciones independientes- les entraron ayer muchas dudas tras analizar el documento.

"La consellería dijo que los planes en vigor se respetarían. Que nos aclare si es así en la ley", afirmó Crespo. El presidente de la Fegamp, del PP, puso como ejemplo el caso de Betanzos en presencia del alcalde de esta villa coruñesa, el socialista Manuel Lagares, que es vicepresidente primero de la entidad. La localidad tiene un Plan Especial de Reforma Interior (Peri) dentro de la franja de 500 metros de costa. "No se les puede paralizar", insistió Crespo.

Los representantes de la Fegamp se refirieron también a la suspensión de licencias que se producirá en el momento en que entre en vigor la ley y que se prolongará el tiempo que dure la tramitación del denominado Plan Territorial Integrado del Litoral. Este documento fijará la distancia mínima en la que no se podrá construir en cada caso, que, según ha explicado la conselleira de Política Territorial, será de 20 metros en unos sitios y hasta de 500 en otros. La Fegamp demanda que esta suspensión no se prolongue más allá de dos años. "Una paralización sine die bloquearía también equipamientos públicos", apuntó Francisco García, alcalde nacionalista de Allariz y vicepresidente segundo de la federación de municipios.

El voto

El próximo viernes se celebrará el Comité Galego de Cooperación Local en la que la Fegamp tendrá que manifestar si apoya o no la nueva ley que restringirá la construcción en el litoral gallego. Antes de ese día la entidad quiere reunirse con el director general de Urbanismo para que les aclare sus dudas y responda a sus propuestas. Sólo tras ese encuentro decidirán su voto. "Nosotros lo que pedimos es que haya sentido común. Esto es una carrera de obstáculos y cada día los ayuntamientos tenemos un nuevo obstáculo que saltar", lamenta Crespo.

En la reunión del comité de cooperación local del viernes, la Fegamp tendrá que pronunciarse sobre otras dos leyes nuevas: la de incendios y la de emergencias. En ambos casos, la entidad ha realizado propuestas de cambio a la Xunta. En la norma que reformará la atención a los ciudadanos en casos de emergencia, a los ayuntamientos les preocupa sobre todo quién pagará las mejoras. Así, en el caso de los parques comarcales de bomberos que se crearán, la federación de municipios aboga por que se financien entre la Administración autonómica y las diputaciones.

En relación con la lucha contra el fuego, la Fegamp reclama a la Xunta que actualice el listado en el que se establecen qué localidades tienen más riesgo de sufrir incendios. La entidad remitirá a los gobiernos locales el convenio propuesto por la Consellería de Medio Rural para preparar franjas de seguridad que permitan que el próximo verano "los núcleos más complicados estén limpios".

El comité ejecutivo de la Fegamp acordó ayer reclamar a la Consellería de Presidencia que amplíe el plazo que le da a los ayuntamientos para justificar las subvenciones que reciben. El período dado hasta ahora por el departamento de José Luis Méndez Romeu es, según Xosé Crespo, "materialmente imposible de cumplir", porque impide convocar concursos de obras o de personal. "Si cumplimos los preceptos de la ley, tendremos problemas legales nosotros", advirtió el presidente de la Fegamp.