Alquileres forzosos
Su editorial del día 14 de diciembre me sorprende e indigna por su negatividad. Cuando por primera vez un Gobierno, en este caso autonómico, se propone tomar medidas serias para intentar resolver un problema muy serio que ocupa uno de los primeros lugares entre las preocupaciones de la población, el de la vivienda, EL PAÍS las descalifica de manera casi brutal.
Como cualquier acto de gobierno está sujeto a la crítica, naturalmente. Es claro que, como toda acción humana, podría mejorarse. Pero la crítica a priori basada en que no es bueno que un Gobierno sea intervencionista, en mi opinión, no se sostiene. En otras ocasiones hemos visto cómo en estas mismas páginas se ha pedido la intervención de la Administración ante otros problemas o situaciones; ¿por qué en este caso no se debe intervenir? ¿Porque toca intereses que no conviene tocar? ¿Hace falta recordar que como causa y consecuencia de este problema está la corrupción del ladrillo tan actual?
En fin, están ustedes en su derecho de manifestarse en contra de un proyecto de ley que, a pesar de sus posibles defectos, afronta seriamente el problema de la vivienda desde una perspectiva de izquierda, pero me parece muy presuntuoso e, incluso, un punto totalitario escribir que la solución que ustedes proponen es "el único terreno legítimo" en que se puede actuar. Ya no necesitamos jueces que interpreten las leyes.
