"Juan Antonio Roca era el alcalde verdadero de Marbella"
El ex concejal Rafael Calleja confirma el poder del asesor de urbanismo
Que Juan Antonio Roca, el gerente de Urbanismo que Jesús Gil contrató para Marbella, llegó a controlar todos los resortes del ayuntamiento y a manejar la voluntad de los concejales no sólo es una teoría del juez instructor de la Operación Malaya. Algunos ex ediles imputados en el caso lo han reconocido así en las declaraciones que prestaron tras ser detenidos el pasado mes de junio y conocidas ahora tras el levantamiento de nueva parte del secreto sumarial.
El concejal Rafael Calleja, por ejemplo, aseguró que "Roca era el alcalde verdadero de Marbella". El edil tránsfuga del PSOE José Jaén manifestó que su ex compañera socialista Isabel García Marcos y el portavoz del PA, Carlos Fernández "fueron abducidos" por el asesor de urbanismo. Según Jaén, los firmantes de la moción de censura que en agosto de 2003 aupó a la alcaldía a Marisol Yagüe acordaron que Roca permaneciera seis meses como asesor de urbanismo "para arreglar algunos asuntos". Cuando pasado ese tiempo pidió a García Marcos que lo cesara, ésta le respondió que "ellos sólo eran tres [los concejales tránsfugas del PSOE] y que no tenían fuerza suficiente en el grupo y que además por lo menos Yagüe lo había quitado de asesor de urbanismo y había pasado a ser asesor de la alcaldesa".
El testimonio de otros ex concejales también pone de manifiesto cierta enemistad entre Roca y algunos miembros de la corporación municipal. Algunos ediles llegaron incluso a hacer maniobras para apartar a Roca del Ayuntamiento, pero admitieron que nunca pudieron con él.
Así, Rafael Calleja contó al juez que Roca era "un obstáculo" para solucionar los problemas de legalidad urbanística en Marbella. Tras la moción de censura, Calleja fue designado concejal de Urbanismo, y se propuso aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Para tender puentes con la Junta de Andalucía, Calleja contó que en octubre de 2003 asistió a una reunión a Madrid "con gente que tenía contactos con Chaves y Zarrías [consejero de Presidencia]", y a otra en Córdoba con el ex consejero de Obras Públicas y de Economía del gobierno andaluz Jaime Montaner.
Tras las dos reuniones Calleja llegó a "la convicción de que para que se aprobara el plan general era preciso que se marchara Roca y sería conveniente que se marcharan también García Marcos y Carlos Fernández". El concejal contó al juez que así se lo dijo al propio Roca y que éste incluso le reconoció que en efecto "lo mejor sería que se marchara", pero la realidad es que quien fue destituido fue Calleja, que en su declaración dijo tener una "absoluta enemistad" con el presunto cerebro de la trama de corrupción.
Calleja reconoció haberse reunido con concejales como "Javier Lendínez, Alberto García y otros ex concejales del GIL que no firmaron la moción de censura" con el objetivo de "hacer una alianza y apartar a Roca, García Marcos y Fernández, siempre que no volviera a entrar Julián Muñoz". Según Calleja, el ex alcalde se chivó a Roca de estas maniobras, que fueron frustradas.
También el ex concejal Antonio Luque admitió tener con Roca "diferencias tan importantes que este señor no quería que estuviera en ninguna reunión". Luque, que firmó la moción de censura, dijo que fue "marginado" porque no se le dieron responsabilidades de gobierno y que por ello desde noviembre de 2003 no volvió a ir al ayuntamiento, ni siquiera a los plenos.
En una declaración ante el juez el 6 de septiembre Roca reconoció ser el dueño del entramado de sociedades a través de las cuales el juez cree que distrajo el dinero que cobró en comisiones. Dijo poseer "20 ó 30", aunque ninguna de ellas a su nombre. Preguntado por el fiscal, Roca dijo que desconoce a cuanto puede ascender su patrimonio. "Habría que descontar todo lo que deben y el pasivo del conjunto de las sociedades puede ascender a 20.000 millones de pesetas", afirmó.
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