El Gobierno obliga a avisar de la presencia de cámaras de vigilancia

Las empresas y entidades que tengan cámaras vigilando espacios públicos, tanto abiertos como cerrados, tendrán que colocar carteles advirtiendo a los ciudadanos o empleados de que su imagen se está grabando. Una instrucción de la Agencia de Protección de Datos, en vigor desde el miércoles, restringe el uso de cámaras de videovigilancia a aquellos casos en los que la vigilancia "no pueda obtenerse por otros medios menos intrusivos para la intimidad de las personas".

La instrucción persigue "garantizar los derechos de las personas cuyas imágenes son tratadas por medio de sistemas de cámaras y videocámaras con fines de vigilancia", debido "al incremento que están experimentando las instalaciones de estos dispositivos", según la Agencia. Ésta explica que "sólo se considerará admisible la instalación de cámaras o videocámaras cuando la finalidad de vigilancia no pueda obtenerse mediante otros medios que, sin exigir esfuerzos desproporcionados, resulten menos intrusivos para la intimidad de las personas y para su derecho a la protección de datos de carácter personal".

La instrucción añade que la instalación de videocámaras no podrá ser, en ningún caso, la primera opción para asegurar la vigilancia y el control de una zona o instalación. Sin embargo, miles de cámaras de vigilancia perimetral de edificios, de accesos o incluso de pasillos y espacios cerrados de empresas y organismos públicos o de urbanizaciones privadas captan diariamente millones de imágenes de ciudadanos que ignoran que están siendo grabados.

"Se trata de evitar la vigilancia omnipresente, con el fin de impedir la vulnerabilidad de la persona", se explica en la exposición de motivos de la instrucción, publicada el martes en el BOE. La imagen captada por estos dispositivos se considera, en este caso, un dato de carácter personal, por lo que la agencia ordena "colocar en las zonas videovigiladas al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados".

El cartel deberá contener "una mención expresa a la identificación del responsable" ante el que el ciudadano podrá reclamar que se le informe sobre si se le ha grabado una imagen. La agencia asegura en el Boletín Oficial del Estado que en su página web (www.agpd.es) está disponible el modelo de cartel o distintivo, pero ayer aún no estaba colgado.

La instrucción no afecta a las cámaras gestionadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen su propia regulación, ni a las instaladas en el ámbito personal y doméstico. Ya en muchas zonas de España donde han sido instaladas cámaras por las fuerzas de seguridad, como en el caso de la Plaza Mayor de Madrid, se han situado carteles en los que se informa de que toda la zona está videovigilada.

Tres meses de plazo

La instrucción reclama que las imágenes obtenidas por estos sistemas sólo sean tratadas "cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, legítimas y explícitas, que hayan justificado la instalación de las cámaras o videocámaras". Y, en caso de que sean tratadas y archivadas, las imágenes, en cuanto a datos de carácter personal, tendrán que ser canceladas, es decir, borradas, en el plazo máximo de un mes. "En todo caso", añade, "deberá evitarse cualquier tratamiento de datos innecesario para la finalidad perseguida", así como que las cámaras instaladas en espacios privados capten "imágenes de espacios públicos, salvo que resulte imprescindible"

La Agencia de Protección de Datos da un plazo de tres meses a los gestores de sistemas de videovigilancia para que adopten las medidas de la instrucción, especialmente la de colocar los carteles para que el público sepa que hay alguien observando y que le puede grabar en vídeo.