Una ley regional obligará a las eléctricas a asegurar el suministro

Las compañías eléctricas estarán obligadas a garantizar el suministro a los ciudadanos, según el anteproyecto de ley que ayer aprobó el Consejo de Gobierno. El vicepresidente regional, Ignacio González, explicó que la futura normativa comenzará a tramitarse en enero, pues este mes el Ejecutivo tiene previsto reunirse con las eléctricas para conocer su posición.

Es decir, es más que probable que la nueva ley no esté en vigor hasta la próxima legislatura, puesto que el mandato de Aguirre termina en mayo y, antes, la ley debe recibir el dictamen del Consejo Económico y Social y ser aprobada por la Asamblea regional. El periodo de sesiones es inhábil en enero y finalizará alrededor de un mes antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2007. Aun así, el Gobierno regional anunció esta medida como cumplimiento de una de las promesas de Esperanza Aguirre.

Entre las medidas avanzadas, la futura Ley de Garantía del Suministro Eléctrico impondrá la obligación de que haya un "exceso de capacidad del 30%, para dar margen suficiente cuando haya que hacer frente a sobrecarga o puntas de consumo", explicó González.

También obligará a las estaciones eléctricas a estar conectadas entre sí, con el fin de que, cuando haya un fallo en una, puedan responder de las deficiencias de suministro en una zona el resto. La futura normativa establece además que las compañías tengan la obligación de reponer un servicio en menos de cuatro horas al 70%, y al 100% en menos de ocho horas.

Otras medidas avanzadas por González incluyen fijar estaciones móviles con una potencia equivalente al 2% del total o que los equipos inflamables cuenten con sistemas de protección antiincendios. Además, se fijará una entidad independiente que estará encargada de inspeccionar las subestaciones y tendrán que seguir un protocolo de mantenimiento preventivo.

Para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, la futura ley contará con un régimen sancionador que castigará cada infracción con multas de hasta tres millones de euros.