El fiscal acusa al alcalde de Catral de prevaricación por la edificación ilegal

La Fiscalía de Alicante acusa al alcalde de Catral, el socialista José Manuel Rodríguez, y a seis promotores -entre ellos la hermana, el cuñado y el sobrino del regidor- de un supuesto delito de prevaricación derivado de la masiva construcción de casas en suelo agrícola. El ministerio público ha recurrido el auto de archivo provisional de la denuncia presentada por un colectivo de usuarios y pide a la juez la practica de nuevas diligencias, entre ellas, que cite como imputados al primer edil y a los empresarios que han levantado chalés con licencia para obra menor (vallado y refugios de labor).

La Fiscalía de Alicante presentó ayer el recurso de reforma contra el auto de archivo provisional del caso Catral dictado el pasado 26 de septiembre por la titular del Juzgado número 5 de Orihuela, la magistrada Natividad Navarro. La juez ordenó el sobreseimiento de la causa "por no hallar indicios de delitos" una semana antes de que el consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, acordara retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento para atajar "la proliferación" de edificaciones irregulares. El consejero estimó en 1.200 las casas ilegales y evaluó en unos 80 millones de euros el dinero negro generado por las construcciones.

El fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, justificó ayer el recurso de reforma y, subsidiariamente de apelación ante la Audiencia, "al apreciar suficientes indicios de delito contra la ordenación del territorio". Otras fuentes judiciales han confirmado que el recurso del ministerio público también aprecia un presunto delito de prevaricación. La Fiscalía también ha presentado un escrito en el que reclama nuevas pruebas, entre ellas, la declaración del alcalde y los promotores, en calidad de imputados.

La denuncia por supuesto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio la presentó en agosto de 2004 la Asociación Europea de Usuarios y Consumidores de Urbanismo (AECU). Los denunciados eran el alcalde, cuatro ediles miembros de la comisión de gobierno, cinco contratistas y una decena de pequeñas agencias inmobiliarias, encargadas de poner a la venta las casas, básicamente entre extranjeros.

La magistrada acordó el archivo de la denuncia tras la práctica de una serie de diligencias que incluyeron un informe del Seprona, un oficio a la Consejería de Territorio y Vivienda para que informara si tenía conocimiento o había autorizado las construcciones y otra al Ayuntamiento de Catral para que aportara el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad. La juez no interrogó a ninguno de los denunciados.

Los atestados del Seprona remitidos al juzgado revelan, no obstante, que el alcalde estaba al corriente de las infracciones e incluso aconsejaba a los promotores cómo construir las viviendas. "El alcalde le dijo [al promotor] que construyese una vivienda cada 2.000 metros cuadrados. Por lo que se vislumbra que el alcalde de Catral conoce, permite e indica de forma verbal al promotor la cantidad y características de las construcciones ilegales", recoge textualmente una de las actas del Seprona.

El propio alcalde ha admitido que uno de los promotores que más viviendas ilegales ha levantado ha sido su cuñado Ginés Ruiz, a través de una firma propiedad de María Ángeles Rodríguez, hermana del regidor.