La edil de Urbanismo exculpa a Alperi del caso de los aparcamientos de Ortiz

El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, recibió ayer un balsámico capotazo político en su carrera para revalidar el cargo en mayo de 2007. Sonia Castedo, concejal de Urbanismo y persona de máxima confianza del regidor, declaró ante el juez que fue ella quien ordenó el cambio de técnicos para la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos al promotor Enrique Ortiz. La edil subrayó que el primer edil se limitó "a firmar el decreto". El magistrado investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento hacia el contratista al introducir mejoras en la adjudicación.

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La concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, declaró ayer como imputada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante, el magistrado Jesús Gómez-Angulo Rodríguez. El juez investiga una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por supuesto trato de favor del Ayuntamiento al contratista. El ministerio público sostiene que se introdujeron modificaciones en el contrato respecto a la adjudicación inicial que favorecen al empresario Enrique Ortiz. Las variaciones en el contrato fueron rechazadas inicialmente por los técnicos del departamento que dirige Castedo. Ante la negativa de estos funcionarios, el expediente llegó al negociado de Tráfico, cuyo jefe, Antonio Escobedo, sí avaló los cambios.

Castedo, que compareció ante el juez por espacio de cuatro horas, asumió la responsabilidad del cambio de negociado de expediente, según confirmaron fuentes judiciales. "El alcalde se limitó a firmar el decreto", aseguró la edil. Castedo argumentó su decisión en "cuestiones organizativas y por sobrecarga de trabajo de los técnicos de Urbanismo".

La concejal llegó a declarar que cuando ordenó el traslado del expediente de su departamento al de Tráfico desconocía que los técnicos de su negociado ya habían evacuado un informe desfavorable. El informe de los funcionarios de Urbanismo se emitió en septiembre de 2003 y el decreto del alcalde que daba el visto bueno al traslado del expediente a Tráfico se firmó en enero de 2004. En ese espacio de tiempo, el departamento municipal de Contratación informó en contra del expediente. Castedo también dijo desconocer ese aspecto.

A preguntas del ministerio público, la concejal admitió que su marido ha trabajado por cuenta ajena en el grupo de empresas del contratista Ortiz y que en la actualidad también mantiene relación laboral con el empresario, aunque en calidad de autónomo. Castedo declinó responder a las preguntas de la acusación popular, que ejercen los partidos Vecinos por Alicante y Esquerra Unida.

Aparte de Castedo, el juez también ha imputado al concejal de Tráfico, Luis Concepción, al promotor Ortiz, al funcionario Antonio Escobedo y al alcalde. El regidor comparecerá ante el juez mañana.

En su denuncia, la acusación pública concluye que "hubo un concierto previo entre el alcalde y los dos concejales [Castedo y Concepción] con la exclusiva intención de conferir mejoras al adjudicatario". El fiscal ha evaluado en 2.268.060 euros el quebranto económico que ha acarreado al Ayuntamiento la modificación del contrato.