El Parlamento aprueba el instituto de riesgos laborales con seis años de retraso

El Parlamento andaluz aprobó ayer, último pleno ordinario del año, las leyes de Servicios Ferroviarios y de creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, que se pondrá por fin en marcha seis años después de ser anunciado. De enero a septiembre de 2006 han muerto en Andalucía 116 trabajadores. También se dio luz verde a la tramitación de las normas del Instituto de Patrimonio Histórico y de Calidad Ambiental.

El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales llega casi con seis años de retraso, ya que se su creación estaba prevista en el acuerdo de concertación firmado por la Junta, sindicatos y patronal en mayo de 2001.

Con la presencia en la tribuna de invitados de la Cámara de representantes de los sindicatos y la patronal, el consejero de Empleo, Antonio Fernández, pasó por alto la demora y dijo que el Instituto es uno de los "modelos más novedosos y únicos" en España, a la vez que agradeció el trámite "ágil y fructífero" que ha tenido el proyecto.

El nuevo organismo está adscrito a Empleo y contará inicialmente con un presupuesto anual de 4,8 millones de euros. Entre sus funciones destacan la realización de estudios y análisis relativos a seguridad, salud, siniestralidad y enfermedades profesionales o la organización de actividades formativas y de campañas de difusión. Deberá abordar también la creación de foros de encuentro, el asesoramiento directo a los sectores productivos andaluces, el establecimiento de canales de estudio e investigación que sirvan de soporte a la política de la Junta en esta materia y el apoyo a iniciativas de interés social en seguridad y salud laboral.

Además de señalar la dilación, los grupos de la oposición criticaron las lagunas que a su juicio tiene la ley e hicieron hincapié en la alta siniestralidad Andalucía, donde, según datos de la Junta, han muerto en accidente laboral 116 trabajadores de enero a septiembre, cinco más que en el mismo periodo de 2005.

La ley de Servicios Ferroviarios, por su parte, permitirá a la Junta gestionar los todos los servicios ferroviarios que discurran por territorio andaluz, aunque las infraestructuras sean de titularidad estatal.

Otra dos normas rebasaron en el último pleno del año sus respectivos debates a la totalidad. La primera convierte en entidad de derecho público al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de Andalucía, hasta ahora dependiente de la Consejería de Cultura sin personalidad jurídica propia. El propósito de la ley es dotar a este organismo de mayor autonomía, flexibilidad y capacidad de gestión para dar respuesta, según la Junta, a la extensión de trabajo a ámbitos como la arqueología industrial, el paisaje y la etnología. La mayoría socialista rechazó la enmienda a la totalidad que presentó el grupo popular -apoyada también por los andalucistas-, cuyo argumento principal fue que no se fían de la gestión de Cultura en este organismo, ya que, en principio el PP está de acuerdo con la creación de este tipo de entidades de derecho público, explicó el portavoz, Antonio Garrido. IU optó por la abstención.

La enmienda a la totalidad del PP a la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, al encontrarla enrevesada e intervencionista, fue igualmente rechazada. La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, calificó el proyecto de innovador, ya que refuerza las exigencias para prevenir la contaminación industrial. Además de la simplificación de los procesos administrativos (se integrará en un único permiso requisitos y autorizaciones), la ley prevé que se exija a las empresas suscribir pólizas por responsabilidad civil para evitar casos como los de Boliden en Aznalcóllar.