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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Compadreo

El fiscal general del Estado no es un cargo judicial pero tampoco lo es político. Dirige una institución -el ministerio público- cuya actuación en defensa de la ley ante los tribunales está sometida a los principios de legalidad e imparcialidad y en absoluto de oportunidad política. ¿Qué sentido tiene, entonces, que Cándido Conde-Pumpido se preste a recibir en su despacho oficial al presidente de Baleares, Jaume Matas, con no se sabe qué pretensiones sobre la actuación de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Andratx y, en general, sobre la corrupción urbanística en las islas? ¿O al de Extremadura, Rodríguez Ibarra, sobre las presuntas falsedades vertidas sobre él desde un periódico? La sensación de compadreo que desprenden esos contactos es evidente, por más que el fiscal general diga que es norma suya recibir a los representantes de las instituciones y éstos lo justifiquen bajo pretexto de colaborar con la justicia.

En ambos casos, Conde-Pumpido no puede ni es quién para dar garantías o prometer nada sobre la actuación de la institución que dirige. Si Rodríguez Ibarra se considera injustamente atacado, tiene abierta la vía de los tribunales e incluso puede recabar el apoyo del ministerio fiscal en el marco del proceso. Pero es improcedente reclamar ese amparo mediante visitas personales de dudoso encaje institucional. La Fiscalía General debería haberle advertido, con la delicadeza pertinente, de que ése no era el camino, en vez de prestarse al juego. Y si el presidente balear y el Partido Popular abrigaban dudas sobre el proceder de la Fiscalía Anticorrupción en la comunidad autónoma, la vía para despejarlas era interpelar al Gobierno sobre la cuestión.

Ese tipo de visitas son desafortunadas tanto por parte de quienes la solicitan, como de quien se aviene a ellas. Se prestan a una lectura política que no beneficia a la Fiscalía General, son judicialmente inanes y crean confusión en el seno del ministerio fiscal, pues pueden ser interpretadas como un intento de instrumentalizar y presionar a la institución. Hacen mal quienes solicitan este tipo de visitas y expresiones y hace mal el fiscal general al entrar en el juego. Por mucha ironía gallega que le eche, nunca debió Mariano Rajoy pronunciar su frasecita respecto al caso Andratx: "Me voy a Canarias. ¿Tengo que saber algo?". Pero peor ha sido la reacción de Conde-Pumpido, con sus palabras y con sus reuniones.

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