Zapatero aplaza el plan contra la corrupción en los ayuntamientos para pactarlo con el PP

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido aplazar la aprobación de la Ley de Bases de Régimen Local, con sus medidas anticorrupción, a enero o febrero, para tratar de pactarla con el PP por considerar que es "una ley básica". El aplazamiento de la aprobación en Consejo de Ministros tiene como objetivo que la tramitación parlamentaria sea posterior a las elecciones autonómicas y locales de mayo. "Al sacar la ley del debate electoral se facilitará el pacto con el PP, que puede temer que el Gobierno quiera capitalizarla", señalan fuentes de Administraciones Públicas.

La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, cuyo objetivo es la modernización de la Administración municipal, se ha convertido en emblemática al contener medidas específicas contra la corrupción ante la proliferación de escándalos urbanísticos en diferentes ayuntamientos.

La iniciativa surge después de que el urbanismo salvaje y la corrupción hayan llevado a la cárcel ya a más de 30 concejales desde las últimas elecciones municipales de 2003. Entre los imputados figuran dirigentes de los principales partidos políticos en localidades como Marbella, Telde, Orihuela, Camas, Ciempozuelos o Andratx, y numerosos empresarios de la construcción y la promoción inmobiliaria que han pagado comisiones millonarias a cambio de tratos de favor.

Entre las medidas de la futura ley figuran el endurecimiento de las incompatibilidades de concejales, igualándolas a las de los miembros de las Administraciones central y autonómica. Los ediles, tras su cese, no podrán desempeñar durante dos años sus servicios en empresas privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo municipal. Asimismo, para combatir la corrupción se fortalecerá la transparencia y se llevarán al pleno municipal las permutas y convenios entre promotores o propietarios y el Gobierno municipal. Y el Ministerio de Administraciones Públicas contará con un registro público de ediles tránsfugas.

La ley, además, reforzará las competencias de los 8.000 ayuntamientos españoles, con el objetivo de que se correspondan con su financiación; aumentará la participación ciudadana en la vida municipal y establecerá claramente las funciones del gobierno local y las del pleno municipal.

El Gobierno trata de consensuar la ley con el PP, pese a que, según asegura, dispone de apoyos parlamentarios suficientes para sacarla adelante. "Hemos intentado durante dos años, en que empezamos a trabajar en esta ley, el acuerdo con el PP, y estamos dispuestos a intentarlo de nuevo", señalan fuentes gubernamentales. Las mismas fuentes aseguran que el presidente del Gobierno ha pedido al ministro de Administraciones Públicas que intente un nuevo esfuerzo para acordar la ley con el primer partido de la oposición.

Los populares aprueban, en principio, las iniciativas anticorrupción propuestas por el Gobierno, pero su responsable del área territorial, Soraya Sáenz de Santamaría, precisa que "esas medidas no estaban en los primeros borradores de la ley; se han introducido con posterioridad al conocimiento de los escándalos urbanísticos". Sáenz de Santamaría plantea tres condiciones para que el PP apoye la ley: que sea básica y afecte, por tanto, a todas las comunidades autónomas; que el régimen de los funcionarios sea común para toda España; y, sobre todo, que, paralelamente a la tramitación parlamentaria, se reforme la Ley de Haciendas Locales, vigente desde 2003, para asegurar la financiación de los municipios una vez que asuman las nuevas competencias.

La nueva Ley de Bases no contiene, en su redacción, más que generalidades sobre la financiación, igual que en la ley precedente, de 1985, señalan en el Ministerio de Administraciones Públicas.

Jordi Sevilla propone al PP una fórmula intermedia: la introducción en la nueva Ley de Bases de una disposición transitoria que comprometa al Gobierno a promover, a los seis meses de la entrada en vigor de este texto, la reforma de la Ley de Haciendas Locales, aprobada por el Gobierno del PP en 2003.Junto a ello, Sevilla propondrá que las competencias nuevas de los municipios no se ejerzan mientras no tengan financiación, y que las comunidades autónomas se comprometan a presentar proyectos de ley para redefinir las competencias y la financiación.

Las mismas fuentes entienden que el PP no debe de tener inconveniente en suscribir esta propuesta porque recoge el programa de segunda descentralización que propuso el ex presidente José María Aznar en enero de 2002.