El Gobierno ha impugnado un total de 12 planes urbanísticos

La Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) impugnaciones a 12 programas de actuación integrada (PAI). Sus posibilidades legales para impugnar, tal como explica Luis Felipe Martínez, subdelegado del Gobierno, son reducidas, pero el equipo de abogados del Estado ha encontrado una fórmula para hacerlo casi en el final de las tramitaciones. Así las cosas, el TSJ tiene sobre la mesa la impugnación presentada por la Administración central de los PAI de Cullera (por segunda vez), Godella, Llaurí, Benaguasil, Carlet, Albaida, Riba-roja, Carcaixent, Venta del Moro y Benimuslem. A esta lista se añaden los PAI de Gilet, Ador y Villalonga que han sido paralizados por un auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estimando la impugnación de la Delegación del Gobierno. Es de prever que ocurra lo mismo con el resto.

Las competencias sobre las actuaciones urbanísticas de este orden descansan en la Administración autonómica, que es la que finalmente da el visto bueno tras los trámites que la ley hace recaer en los ayuntamientos. La Delegación del Gobierno tiene dos momentos procesales en los que intervenir: en una fase inicial según el artículo 65 de la Ley de Régimen Local o al final de la tramitación, una vez ha superado el control de la comisión territorial de urbanismo de la Generalitat. En el primer caso, sólo puede hacerse si la tramitación vulnera algún precepto del ordenamiento administrativo (como la aprobación en un pleno municipal sin quorum) o si se vulnera la Ley General de Contratos del Estado, motivo por el que la Delegación del Gobierno presentó la impugnación del Manhattan de Cullera al ser concedida la gestión al Ivsa sin concurso abierto y existiendo otras empresas que podían desarrollar esa función. En ese supuesto, la Administración central cuenta con el aval de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que se pronunció en ese sentido. Pero la Delegación del Gobierno admite las dificultades que intervenir en ese momento muy inicial supone por su poca maniobra.

La segunda posibilidad se sitúa una vez el PAI ha superado el dictamen de la comisión territorial de urbanismo. Es ahí donde, si el PAI incumple los preceptivos informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que debe pronunciarse sobre la garantía de abastecimiento de agua, así como de Carreteras o de Costas, la Delegación del Gobierno puede intervenir.

El Gobierno se ha encontrado con pronunciamientos dispares del TSJ. De hecho, ha conseguido la paralización de un PAI en Gilet por no contar con los informes preceptivos de la CHJ y no ha conseguido que se paralice en el del Manhattan de Cullera, que cuenta expresamente con los informes desfavorables sobre el abastecimiento de agua y los accesos por carretera. La Delegación anuncia una nueva impugnación de ese PAI tras el auto de paralización cautelar de Gilet.