Transparencia y buen gobierno

Con más pena que gloria los partidos políticos afrontan, esta semana, una nueva ronda de contactos para tratar de llegar a un acuerdo en materia de Agua, RTVA y Educación. Se responde así a la iniciativa de Manuel Chaves de buscar un consenso en aquellas cuestiones de mayor impacto como pueden ser, además, la Inmigración o la aplicación de la Ley de Dependencia. Ya se ha apuntado aquí la escasa voluntad que han demostrado unos y otros por cerrar un entendimiento sobre estos asuntos por lo que no cabe esperar resultados espectaculares del encuentro que se celebra hoy. Los ánimos no parecen ya predispuestos a más fotos y máxime ahora que comienzan a circular nuevas encuestas antes de las vacaciones de Navidad. Más que territorios para el encuentro, lo que se plantea es un escenario propicio para el enfrentamiento, tal y como sucede con el control urbanístico, a raíz de la aprobación del POTA. Se abordará en el Parlamento de la mano de un PP que se va a convertir en el defensor de los promotores inmobiliarios que ven peligrar buena parte de su negocio. Desde el gobierno andaluz señalan que no debe haber motivo alguno para la alarma. Hay margen suficiente para la construcción de viviendas y capacidad de reacción ante las exigencias que se planteen en municipios determinados o áreas metropolitanas concretas. Aún así, los más vociferantes del "ladrillo" lo consideran insuficiente por lo que situarán en este punto el principal flanco de ataque a la administración andaluza. Para ello contarán con el auxilio de los populares y puede que encuentren, además, con el de los andalucistas, a pesar de lo quemados que salieron con aquello del "urbanismo bajo sospecha" fantasma que, en especial, persigue al "fundador", Alejandro Rojas-Marcos.

Así que el choque de trenes en la Cámara será de envergadura. Habrá un PSOE que pondrá en valor este tipo de iniciativas para evitar así nuevos desmadres urbanísticos y un PP que achacará toda la responsabilidad de lo ocurrido a lo que entiende como pasividad de los socialistas, sin que ellos, por cierto, hayan tenido culpa alguna, ni siquiera por el hecho de aprobar, en tiempos de Aznar, una ley sumamente lesiva declarando urbanizable todo el suelo posible. En esas estamos cuando se va a abordar, también, el código del buen gobierno y otros temas en dicha sesión plenaria a las puertas ya del último pleno del año en el que se someterán aprobación los Presupuestos de la Junta para 2007. Para entonces, la oposición irá con todas las cifras y datos sobre los gastos e inversiones a realizar. Es lo normal, menos en el ayuntamiento de Cádiz, en donde la alcaldesa, Teófila Martínez, vicepresidenta regional del PP, en un raro ejercicio de transparencia, no da cuenta de las inversiones que se van a acometer "para no dar pistas a sus adversarios", según confiesa. Así lo ha hecho a lo largo de su mandato, sin importarle nada que este tipo de comportamientos, de escaso trapío democrático, debilitan, notablemente, el discurso de su partido a la hora de reclamar a los demás lo que ellos son incapaces de cumplir donde gobiernan.