"No se puede imponer el mismo límite de crecimiento a todos los municipios"

El decreto del Gobierno andaluz que limita los crecimientos urbanos que los municipios pueden contemplar en sus planeamientos (40% del suelo y 30% de población como máximo) ha puesto en pie de guerra a los empresarios de la construcción. El presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial rechaza la medida porque entiende que no es razonable un mismo parámetro para todos los municipios.

Pregunta. Tras el decreto sobre los límites al crecimiento urbanístico, los empresarios se han presentado poco menos que como víctimas de una persecución por parte de la Junta.

Respuesta. Es que parece que la industria de la construcción, que ha fortalecido Andalucía y ha creado una riqueza importantísima, es ahora algo mal visto y que hay que parar, y eso es peligrosísimo porque estaríamos parando la maquinaria más importante que tiene nuestra economía. No se puede imponer un limite de crecimiento igual a todos los ayuntamientos de Andalucía, no tiene nada que ver un municipio en la costa con uno en el interior, pueblos con importante proyección de turismo residencial y hotelero con otros que no la tengan. Por ejemplo, Fuengirola tiene un crecimiento limitadísimo porque ya ha agotado su suelo, pero Benahavís tiene unas posibilidades enormes porque tiene muy pocos habitantes y un término municipal muy extenso. A la hora de tomar medidas así habría que hacer estudios previos sobre los crecimientos que pueden tener las distintas zonas.

"Las indemnizaciones serían tan cuantiosas que no creo que se puedan realizar las demoliciones de viviendas en Marbella"

"Cuando te sientes extorsionado y tienes que pagar una nómina cada mes, no siempre puedes ir al juez de guardia a denunciar"

P. ¿No entiende que son necesarios ciertos límites al desmesurado crecimiento urbanístico actual?

R. El negocio de la construcción está basado en la oferta y la demanda, yo empecé hace 25 años y hemos pasado muchas etapas diferentes. Antes había que ir a vender al extranjero a buscar demanda. Ahora volvemos a no tener demanda y si encima ponemos problemas al desarrollo no se como vamos a conjugar eso. Lo que sí habría que prever son las etapas de boom para crecer sosteniblemente, definir donde nos interesa crecer, de que forma, con que infraestructuras, y no decir a partir de ahora aquí ya no crece nadie.

P. Las demoliciones en Marbella

R. En lo que está pasando en Marbella es fundamental poner sentido común. Se están diciendo cosas que no son y que muchos periódicos británicos están publicando y causando mucho daño, como que hay 30.000 viviendas ilegales en Marbella. Hay un porcentaje de viviendas alegales que quedarán legalizadas en el nuevo PGOU. Hay ya muchas sentencias de los tribunales que permiten solicitar la demolición, pero habrá que ver quien va a ser responsable de ejecutarlas y de indemnizar. Creo que habría que reestudiar todo para buscar las soluciones menos traumáticas posibles. Habría que medir estas sentencias, porque nos podemos encontrar con promociones que están habitadas por compradores de buena fe a los que se puede causar un perjuicio enorme. Las indemnizaciones serían tan cuantiosas que no se podrían realizar estas demoliciones. Creo que hay que dejar de hablar de si se va a tirar o no. Que se tire lo que haya que tirar, una vez que las administraciones responsables hayan consensuado una decisión, pero ahora estamos creando una alarma y un perjuicio a terceros de buena fe que han confiado en Andalucía para hacer una inversión. Tenemos la obligación de proteger a nuestros inversores, los empresarios y las administraciones hemos ido a promocionar fuera de España que teníamos la mejor región de Europa, con mejor precio, mejor clima y mejor construcción para que la gente viniera aquí. No podemos tirar piedras contra nuestro tejado.

P. Pero se trata de restituir la legalidad.

R. En los casos donde ya hay licencias que son ilegales, hay que ver si los equipamientos se pueden recuperar en otro sitio y como se compensaría a aquellos que han sido perjudicados por esas edificaciones. Nunca se ha hablado de quien ha comprado una vivienda en un sitio donde iba a tener una zona verde enfrente o vistas al mar y al final le han construido un edificio, a esos compradores sí que habría que indemnizar porque son los verdaderos perjudicados ya que los equipamientos seguramente se pueden recuperar en otro sitio.

P. ¿Qué cree que sí se debería derribar?

R. Las administraciones debían hacer un estudio de costo y realidad de las construcciones. Puede haber edificios que aún estén a medio construir o no se hayan vendido, donde la demolición sea menos costosa. Y al contrario, un edificio cuyas viviendas ya se han vendido dos y tres veces y que la demolición haga entrar en una guerra jurídica de ocho o 10 años más hasta que vuelva a haber otra sentencia. No es fácil tirar donde hay 300 familias viviendo, es mucha responsabilidad, tiene que imperar el sentido común y la generosidad de todo el mundo. Hemos recibido un problema enorme, vamos a minimizarlo lo más posible y vamos a buscar soluciones y con la mínima publicidad posible porque a la larga esto no le beneficia a nadie, ni a los empresarios, ni a la economía, ni al empleo, ni a ninguno de los dos partidos que optan por conseguir la mayoría en Marbella.

P. ¿Qué responsabilidad han tenido los empresarios en todo lo ocurrido en Marbella?

R. En esto tenemos que ser bastante escrupulosos, si hay promotores que han incurrido en cohecho tienen que responder ante la justicia. Nosotros hicimos una reflexión y es que hubo gente que se había sentido extorsionada, la consejera de Obras Públicas nos respondió que lo que había que hacer es denunciarlo, pero las cosas muchas veces no son así. Cuando eres responsable de una empresa, de unos empleados a los que tienes que pagar una nómina cada mes, cuando te ves extorsionado tienes que dar soluciones y no siempre puedes ir al juez de guardia. La consejera tiene razón en que se debería haber denunciado, pero no es fácil tirar la primera piedra.

P. ¿Los promotores están dispuestos a realizar aportaciones económicas o de suelo para compensar la pérdida de equipamientos públicos en Marbella?

R. La mayoría de los promotores que han actuado estos años en Marbella ya no están, sobre todo las grandes constructoras. Ahora hemos quedado los que siempre hemos estado y sinceramente creo que estos promotores están dispuestos a participar en los planes generales aportando suelo porque son parte de los ayuntamientos.

P. La Junta prepara ahora un decreto sobre golf que impedirá las urbanizaciones junto a los campos. ¿Qué le parece?

R. El golf en Andalucía ha sido un referente para Europa. La Costa Azul y la Costa del Sol empezaron las urbanizaciones con campo de golf hace 30 años y era una fórmula para poder desarrollar turismo residencial en sitios donde se estaba acabando la primera línea de playa, y estas casas llegaron a valorarse mucho. En Andalucía no cabe en ningún sitio, excepto quizá Sevilla o Granada, que se pueda hacer un campo de golf solamente por acciones, todos los campos son deficitarios y se mantienen primero como fórmula para vender casas y luego por las cuotas de esos propietarios. No se puede pensar que se pueden hacer campos de golf sin casas salvo los municipales, mantener un campo cuesta entre 300 y 400 millones de pesetas al año y no se puede amortizar sólo con las salidas. El campo de golf es una parte importantísima para desarrollar el turismo residencial y el convencional, los hoteles de la Costa del Sol no cierran en invierno por los campos de golf.