Un banco público para el agua
Medio Ambiente introduce nueve reformas que afectan a la gestión de recursos hídricos
El Ministerio de Medio Ambiente aprobará en las próximas semanas nueve decretos y modificaciones a la Ley de Aguas que afectan a las demarcaciones de las confederaciones hidrográficas, la planificación, el dominio público, las aguas subterráneas, un nuevo régimen sancionador y la seguridad de las presas. También planea la creación de un banco nacional de agua, pero aplaza el nuevo régimen económico de este recurso.
El nuevo régimen de sanciones actualiza las multas por elevación hasta los dos millones de euros por las infracciones muy graves
¿Los españoles tienen derecho a tener garantizado un mínimo de 60 litros de agua potable por habitante y día, cuando el consumo medio supera los 160? Cuando la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, dijo que este reconocimiento se incluiría en la reforma de la Ley de Aguas, muchos sonrieron. La propuesta procede de Ecologistas en Acción y se ha incorporado a la reforma como un gesto simbólico hacia otros países donde millares de sus habitantes carecen de acceso al agua potable.
La anecdótica declaración de la ministra a la salida de la Comisión Nacional del Agua ocultó las grandes reformas que se abordaron en esta reunión y que pronto se verán recogidas en la reforma de la propia ley y en varios decretos. "Se trata de trasladar al régimen jurídico un nuevo paradigma que considera el agua como un recurso limitado y escaso que debe protegerse de manera sostenible con prioridad sobre su uso económico", según Jaime Palop, director general del Agua.
El modelo tradicional de gestión enfocado en atender las demandas de agua se cambia por otro en el que predomina la garantía de su disponibilidad y calidad. Todas las reformas van encaminadas en esta dirección. La primera de ellas es la creación de un banco público de agua donde los titulares de concesiones podrán intercambiar derechos para facilitar un uso eficiente. En el último año se han registrado más de seis intercambios entre usuarios de las cuencas del Tajo, Guadalquivir, Guadiana, Júcar, Segura y la Mediterránea Andaluza.
Otra de las novedades es el decreto sobre reutilización de las aguas residuales y depuradas cuyo uso carecía de cobertura jurídica. Las industrias o entidades que dispongan de una concesión de vertido podrán solicitar autorización para reutilizar estas aguas residuales, una vez regeneradas, a cambio de asumir el coste de la depuración o ceder su uso a terceros. De esta manera se podrán aprovechar inicialmente más de 1.500 hectómetros cúbicos anuales para usos no potables de gran valor económico y paisajístico.
La protección de los cauces fluviales y la prevención de inundaciones se refuerza ampliando la zona de servidumbre de cinco a diez metros y la exigencia de incluir en los planes urbanísticos los deslindes de dominio público sobre zonas afectadas por avenidas históricas.
En cuanto a las aguas subterráneas, afectadas por un uso insostenible, se simplifican los trámites para su regulación y la transformación del título de propiedad privada (vigente hasta 2035) por el de concesión, y se potencian las comunidades de regantes para corresponsabilizarlos de su gestión.
El régimen sancionador elimina las infracciones "menos graves" para homologarlo al régimen general y actualiza las multas por elevación de sus cuantías hasta los dos millones de euros por infracciones muy graves. Palop confía en disponer el mes de febrero próximo de los planes de sequía de las cuencas y del atlas sobre estado de las aguas en tiempo real accesible por Internet.
El coste del plan encarece el agua un 30%
La tarifa que pagan los españoles por el agua urbana es de las más bajas de Europa; 1,28 euros por metro cúbico de promedio, según la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS). En la mayoría de las ciudades ni siquiera alcanza ese valor. En Francia oscila entre los 3 y 5 euros, y en Dinamarca, donde se aplica un impuesto finalista ambiental de 0,60 euros, oscila entre los 6 y 8. "Es la única manera de que los ciudadanos perciban su valor real y sean eficientes en su consumo", subraya Lorenzo Galbiati, jefe de la unidad de planeamiento y coordinación sectorial de la Agencia Catalana del Agua, que arrastra una deuda de mil millones de euros.
Los ayuntamientos recelan de aplicar el coste real que cuesta el servicio, aunque la mayoría de los usuarios desconocen su precio, comparado con el de otros servicios públicos. Según una encuesta entre 2.600 hogares de Zaragoza, el 87% de los consultados ignoran lo que consumen y el 45% desconocen lo que pagan.
La consultora Prontas estima que la aplicación de la Directiva Marco del Agua (exige la repercusión de los gastos) elevará el coste del suministro un 6,2% y la del resto de las directivas un 24,4% adicional. Josefina Maestu, coordinadora del análisis económico de la directiva del Ministerio de Medio Ambiente, afirma que el precio del agua urbana en España "subirá un 30% de media en los próximos cuatro años, 0,38 euros más. Muy poco si lo comparamos con lo que pagamos por el agua embotellada".
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