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Un promotor dice que el alcalde de Catral le indicaba cómo construir

El Seprona reseña que el regidor estaba al tanto de las ilegalidades

Los diversos atestados levantados por el Seprona sobre la construcción de casas, en suelo no urbanizable y sin licencia, en la huerta de Catral revelan que el alcalde, el socialista José Manuel Rodríguez, estaba al corriente de las infracciones e incluso aconsejaba a los promotores cómo construirlas. En una de las actas, los agentes estiman en cerca de 2 millones de euros la ganancia obtenida por un promotor que levantó 5 chalés.

"El Ayuntamiento decía a los compradores, la mayoría extranjeros, que la vivienda era legal"

La ilegalidad de las construcciones en la huerta de Catral queda reflejada en los diversos atestados levantados por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, remitidos al juzgado que instruye la denuncia presentada por la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU). La magistrado, la titular del juzgado número 5 de Orihuela, ha decretado el archivo provisional de la causa "por no encontrar indicios de delito". La acusación particular y la Fiscalía han recurrido el auto de la juez.

Una de las actas de los agentes del Seprona remitida al juzgado es concluyente: "El alcalde le dijo [al promotor] que construyese cada 2.000 metros cuadrados por vivienda. Por lo que se vislumbra que el alcalde de Catral conoce, permite e indica de forma verbal al promotor la cantidad y características de las construcciones ilegales y concediendo al promotor una licencia para construcciones y obras, de fecha 21 de junio de 2004, para el vallado de parcela rústica y construcción de refugio de labor en la partida Lo Perpén, que no se ajusta a la realidad de lo construido, permitiendo la construcción de todas las viviendas y sin ejecutar la paralización inmediata de las obras realizadas ilegalmente, dando la sensación de total impunidad", dice textualmente el documento del Seprona. La diligencia de este departamento del instituto armado corresponde al interrogatorio de los agentes al promotor Monserrate Cámara, de la mercantil Country House Vega 2000, SL, que estaba levantado 12 viviendas unifamiliares, de unos 89 metros cuadrados cada una.

El valor aproximado de cada vivienda en el mercado, según se recoge en otra denuncia del a otro constructor, es, de 360.500 euros. "Con la parcelación urbanística realizada, sin las autorizaciones pertinentes, con la construcción de cinco viviendas, y por las características de las mismas, existe un gran beneficio para el promotor de la actuación, aunque el Ayuntamiento de Catral le inicie expediente sancionador y le imponga una sanción monetaria", recoge el atestado policial remitido al juzgado. El documento subraya que "con la construcción de las viviendas ilegales de forma realizada, la promotora se está ahorrando gran cantidad de trámites, que conllevan desembolso de dinero", puntualiza.

Por otra parte, los informes del Seprona también recogen que los compradores habituales de esas casas son "extranjeros que desconocen las leyes españolas en la materia". Los agentes interrogaron a unos de esos compradores quien declaró "que antes de comprar la casa consultó con el Ayuntamiento, el promotor, el vendedor y un notario sobre la legalidad de la misma, informándoles todos que la vivienda era totalmente legal". Los agentes sospechan que una de las fórmulas para inscribir la vivienda en el Registro de la Propiedad es la de simular, mediante un certificado expedido por el Colegio de Arquitectos, que estaba construida hace cuatro años, "cosa que no se ajusta a la realidad, pudiendo llegar a ser considerado un delito de falsificación en documento público".

Las partidas en las que esas mercantiles, una de ellas vinculada a la familia del alcalde, levantaron las edificaciones son las siguientes: La Erita, Arroba Madriguera, Arroba Palomar, Santa Águeda y La Torre.

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