Alcaldes con pena

La alcaldía no es un ámbito de impunidad. La justicia se ha encargado de demostrarlo en cinco ocasiones con condenas de cárcel desde que la Comunidad Valenciana celebró las primeras elecciones municipales democráticas en 1979. Son los casos de los ex alcaldes de Orihuela (Luis Fernando Cartagena), de Riba-roja (Juan Antonio Toledo), de Pego (Carlos Pascual) y de Xeresa (Cipriano Fluixà), así como del alcalde de Vila-real (Manuel Vilanova). Mientras tanto, otros seis alcaldes se encuentran ahora mismo imputados por causas, en su mayoría, relacionadas con los negocios urbanísticos, cuyo desenlace puede incrementar esta siniestra nómina.

MANUEL VILANOVA. Alcalde de Vila-real (PP)

Manuel Vilanova, del PP, acaba de ser condenado por el Tribunal Supremo a un año y medio de prisión y a ocho años de inhabilitación para cargo público por su "reiterada conducta de pasividad y desprecio hacia los intereses de sus ciudadanos" y por inhibirse ante las numerosas quejas y denuncias contra el ruido procedente del generador de una fábrica de cerámica, Rocersa, en situación irregular desde 1991 a 1996. La sentencia es firme, y, pese a que el PP no ha aceptado su dimisión, en cuanto se ejecute el alcalde tendrá que dejar el cargo y no podrá presentarse a las elecciones.

El Supremo le ha impuesto una pena de prisión por un delito de prevaricación medioambiental, aunque ha declinado imponerle una multa para evitar que sea satisfecha "incluso con cargo a las arcas municipales, agravando la situación de los vecinos". Al condenado previsiblemente se le aplicará la remisión condicional y no tendrá que ingresar en un centro penitenciario. Las denuncias se presentaron por vecinos a título individual, por asociaciones o uniones de vecinos y hasta por un concejal del Ayuntamiento de Vila-real.

CARLOS PASCUAL Ex alcalde de Pego

(Grupo Independiente)

El Tribunal Supremo acaba de confirmar las penas de tres años de prisión impuestas al ex alcalde de Pego, Carlos Pascual Sastre, y al ex teniente de alcalde, José Orihuel, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente derivado de los daños ocasionados al Marjal de Pego-Oliva, un humedal declarado parque natural protegido en 1994. Ésta es la condena más elevada a cargos públicos por delito ecológico hasta la fecha. También ha confirmado otra pena de tres años de cárcel, seis en total, a Pascual por atentado al director del parque.

Pascual y Orihuel, contrarios a la existencia del parque, se concertaron para realizar actuaciones tendentes a recuperar el cultivo del arroz y lograr así mejores precios para las fincas de particulares existentes en el marjal, ya que la Generalitat estaba comprando terrenos. Con ese fin, aprobaron realizar quemas de vegetación, rebajar el nivel de agua de las zonas húmedas y construir caminos y diques para facilitar el paso de vehículos. Mediante acuerdos municipales aprobaron obras que se encargaba de contratar y realizar el alcalde, sin licencia de la Consejería de Medio Ambiente.

Las actuaciones afectaron a una extensión de 600 hectáreas, la mitad del terreno del parque natural, y causaron la muerte masiva de peces. Pascual siguió adelante pese a la prohibición del juzgado número 2 de Dénia de realizar cualquier trabajo en el marjal, por lo que también ha sido condenado a una multa de 4.320 euros. Además, el 11 de marzo de 1997, cuando el director del parque, Vicente Urios, se encontraba en visita de inspección, Pascual se puso delante de su vehículo impidiéndole la salida y animando a unos 50 vecinos a que no le dejaran salir. Durante más de una hora, el alcalde provocó un enfrentamiento de la Policía local y los vecinos con agentes de la Guardia Civil. Los daños al espacio protegido han sido valorados en 1,2 millones de euros.

JUAN ANTONIO TOLEDO. Ex alcalde de Riba-Roja (PSPV)

El ex diputado socialista y ex alcalde de Riba-roja, Juan Antonio Toledo, fue condenado por la Audiencia de Valencia en 2002 a cinco años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos entre 1991 y 1995. El fallo tenía su origen en una jubilación. En agosto de 1991, Toledo supo que Josefa L. G., entonces con 65 años, quería jubilarse. Sin embargo, esta empleada del servicio de limpieza del Consistorio no había acumulado los años en activo para acceder a pensión de jubilación. Según la sentencia, Toledo determinó, de acuerdo con Josefa, que no acudiera a trabajar pero le mantuvo el salario durante los cuatro años que le faltaban para cobrar pensión. Josefa cobró entre septiembre de 1991 y julio de 1995 la cantidad de 53.752,43 euros. Toledo dijo en el juicio celebrado en junio que no recordaba haber llegado a ese acuerdo. Posteriormente, en 2004, la Sala Penal del Tribunal Supremo rebajó de cinco años y tres meses a tres años la pena de prisión.

CIPRIANO FLUIXÀ Ex alcalde de Xeresa (PP)

En 2003, el Tribunal Supremo condenó al entonces alcalde de Xeresa, Cipriano Fluixà Castelló, del PP, a un año de prisión, 10 años de inhabilitación especial para cargo público y 72 millones de pesetas de multa por haber autorizado vertidos de escombros procedentes de la construcción en el marjal de La Safor, un humedal protegido en el que se produjo degradación ambiental. El alcalde había sido absuelto por la Audiencia de Valencia. Fluixà había autorizado en 1995 vertidos de escombros en parcelas de los polígonos 3 y 7, del marjal, cuyo suelo estaba clasificado como "no urbanizable protegido, marjalería B".

Previa petición de propietarios y cultivadores, el alcalde concedió autorizaciones para realizar vertidos, de las que excluyó residuos plásticos, vidrios, chatarra, tóxicos, baterías y productos considerados tóxicos o peligrosos. Entre 1995 y 1998, al amparo de esas autorizaciones, se fueron vertiendo escombros de materiales de construcción, enseres domésticos, envases, arenas y productos inertes. Todo quedó depositado sobre la superficie de las parcelas y sobre balsas anejas a algunas parcelas, la mayoría con cultivos de naranjos en producción. Los vertidos y el aterramiento causaron una incidencia medioambiental de nivel bajo. Además, Fluixà puso en marcha en mayo de 1997 una "maniobra atentatoria al medio ambiente", que fue la de cambiar la calificación del marjal a "suelo urbanizable común", lo que suponía "un grave peligro para la estabilidad ecológica del sistema".

LUIS FERNANDO CARTAGENA. Ex alcalde de Orihuela (PP)

En 2004 el Tribunal Supremo ratificó la condena de cuatro años de cárcel al ex alcalde de Orihuela y ex consejero de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, por los delitos de malversación y falsificación. La Sala de lo Penal también confirmó la condena a dos años por un delito de falsificación para el segundo acusado, el empresario Ángel Fenoll. Ambos idearon un plan para apropiarse de una donación de 49.000 euros de una congregación religiosa, el Hospital Municipal San Juan de Dios, al Ayuntamiento. Cartagena pidió el indulto al Gobierno para tratar de eludir el ingreso en prisión. La medida de gracia, a la que se opone el fiscal, está pendiente de resolución.

El tribunal consideró probado que Cartagena "en su condición de alcalde del Ayuntamiento de Orihuela recibió del concejal de Servicios Sociales la cantidad de 6.166.426 pesetas, con fecha de abril de 1993, más otros dos millones de pesetas del 11 de mayo de ese mismo año". La sentencia también consideró probado que en 1998, con el fin de idear una coartada, encargó a su amigo, el empresario Ángel Fenoll, que emitiera tres facturas por la supuesta rehabilitación de una barriada marginal cuyo monto coincidía con el donativo de las religiosas. Ambos fueron condenados, Cartagena a tres años por malversación de caudales públicos y un año por falsedad en documento. Fenoll fue condenado a dos años de cárcel por falsedad en facturas.

Cartagena accedió a la alcaldía de Orihuela en 1986 mediante una moción de censura, desde donde fue consolidando su peso en el partido en el ámbito provincial como en la Comunidad Valenciana. En 1995, Fue nombrado consejero de Obras Públicas, en el primer gobierno de Eduardo Zaplana. Cartagena compaginó este cargo con el de alcalde hasta julio de 1996. El 15 de marzo de 1998, su carrera política frenó en seco. Cartagena fue imputado en el caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander. Esta investigación judicial acarreó su dimisión como consejero. Según el fiscal, suscribió un crédito por más de dos millones de euros, cuyos rendimientos, más de 90.000 euros, no declaró a Hacienda. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante solicita tres años de cárcel para Cartagena por delito fiscal.