El Gobierno se niega a transferir a la Xunta la gestión del tráfico

El Gobierno central se niega a traspasar a Galicia las competencias en la gestión del tráfico que ha reivindicado reiteradamente el vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, considera que esta transferencia exigiría crear una policía autonómica para controlar la circulación y no recortaría la alta siniestralidad de las carreteras gallegas.

El ministro de Administraciones Públicas reconoce que Galicia sufre un "problema especial" por la alta siniestralidad en sus carreteras. En una entrevista concedida a la Cadena SER en Galicia, Jordi Sevilla rechaza, sin embargo, que la solución al gran número de accidentes de circulación esté en que el Gobierno central traspase a la Xunta la gestión del tráfico. "Esa cesión tiene que estar vinculada a una policía autonómica; esto exige logísticamente mucho", argumenta el responsable socialista.

El Gobierno asegura que los accidentes mortales descendieron un 23,8% en términos absolutos en Galicia entre 2002 y 2005, pasando de 395 a 301. Según explica el Ejecutivo en respuesta a una pregunta parlamentaria a la que tuvo acceso Europa Press, desde 2002 también se redujo la siniestralidad total en esta comunidad, ya que frente a los 5.496 accidentes registrados en ese año, en 2005 se produjeron 4.742. En este periodo de tiempo también se produjo una reducción en el número de atropellos, ya que se pasó en Galicia de 630 casos a 560.

En sus declaraciones a la SER, Sevilla defendió que los ayuntamientos mantengan las competencias en materia de urbanismo, pese a los casos de corrupción que se están detectando. "Si lo que hacen los ayuntamientos es cumplir la ley y aparecen casos pues hay que cambiar la ley", señaló el ministro, "y si la están vulnerando hay que actuar a través de la Guardia Civil y de la Fiscalía como estamos haciendo".

En relación con el nuevo Estatuto de Autonomía de Galicia que se está negociando, el responsable de Administraciones Públicas acepta que el futuro texto fije "deseos, voluntades, aspiraciones" sobre la inversión que debe realizar el Estado en la comunidad gallega, pero cree que debe ser luego "el Parlamento nacional" el que "armonice todo eso con los demás estatutos y, sobre todo, año a año con cada uno de los presupuestos". Sevilla sostiene que los estatutos catalán y andaluz sólo establecen criterios generales sobre el dinero que deben recibir estos territorios de las arcas del Gobierno central.