Bruselas rebaja el reglamento que controla el impacto de la industria química en la salud

Europa, primer fabricante y consumidor mundial de productos químicos, está a punto de dotarse de un sistema de registro y control de unas 30.000 sustancias que, sin embargo, es menos estricto del previsto hace un año por el Parlamento Europeo. En el pacto alcanzado ahora por los principales partidos europeos y avalado por la Comisión, desaparece la obligación de sustituir productos de toxicidad probada por otros alternativos si se les somete a controles adecuados de seguridad, y la de renovar cada cinco años el derecho de uso de tales productos.

Este acuerdo será discutido y votado dentro de dos semanas en el Parlamento Europeo para ser elevado luego a la aprobación del Consejo (los Gobiernos de la Unión) con vistas a su entrada en vigor el año que viene. Para los ecologistas, el venidero ordenamiento es fruto de la rendición de los grandes partidos a la industria química continental, que mueve unos 440.000 millones de euros y emplea a 1,3 millones de personas.

Reach (siglas en inglés de Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas) es el proyecto de Bruselas para poner orden en el caótico régimen actual, que permite la salida al mercado de sustancias tóxicas y de otras sospechosas de inducir alergias, cánceres e infertilidad, entre otras enfermedades. Pinturas, fibras textiles, ordenadores o plásticos se fabrican con compuestos cuya seguridad deberá ahora probarse.

Tres años de intensos debate y choques de intereses llegan a su final con el acuerdo alcanzado por conservadores, socialistas y liberales, que unidos dominan la Eurocámara, para someter a registro a unas 30.000 sustancias producidas o importadas por la UE en cantidades que superan la tonelada anual. Todas deberán estar registradas entre 2007 y 2018 en una agencia de control en Helsinki que exigirá más celeridad para los productos más peligrosos (cancerígenos o que afecten a la capacidad reproductora) o fabricados en cantidades superiores a las 1.000 toneladas.

Los distintos compuestos requerirán datos y pruebas más exhaustivas conforme mayor sea su peligrosidad y para la mitad de los 30.000 que no causan preocupación no hará falta ni someterlos a análisis de toxicidad. El conflicto se plantea con las alrededor de 2.000 sustancias que suscitan inquietud, como las que se acumulan en el organismo, son cancerígenas o afectan al sistema endocrino. En la votación en primera lectura de hace un año el Parlamento impuso por corta mayoría la obligación de que los fabricantes las sustituyeran por otras más seguras, si existen, al tiempo que se limitaban las concesiones de comercialización a cinco años, que podían ser renovables.

Las presiones de la industria, con Alemania a la cabeza, sobre los Gobiernos y de ambos sobre los parlamentarios han diluido las exigencias. Las sustancias peligrosas seguirán siendo autorizadas, aunque existan alternativas menos nocivas, si sus riesgos son debidamente controlados y si sus beneficios socioeconómicos superan las amenazas para la salud y el medio ambiente.

"El número de sustancias peligrosas va a ir reduciéndose paulatinamente porque se pone en marcha un proceso que lleva a su sustitución a largo plazo", declaró ayer el socialista italiano Guido Sacconi, ponente de Reach. "Hemos trabajado para las futuras generaciones", agregó antes de pedir realismo a la izquierda y a los ecologistas: "Era imposible conseguir un acuerdo mejor".

Posibilismo

En esa idea de posibilismo abundó también la conservadora holandesa Ria Oomern-Ruijten, que habló de la necesidad de defender "la industria química en la UE, con sus 440.000 millones de euros de volumen de negocio y sus 1,3 millones de puestos de trabajo en 27.000 empresas". Les secundó la Comisión Europea. Una portavoz consideró que "se mejora sustancialmente el régimen vigente y se protege la competitividad de la industria europea".

Las compañías deberán probar a la agencia de Helsinki que los productos son seguros, frente al sistema actual que obliga a los Gobiernos a probar la peligrosidad, en la práctica, un coladero. Con los datos de la compañía, la agencia podrá negar la inscripción de un producto si considera que hay mejores alternativa. Esas mínimas restricciones no convencieron ni a la izquierda parlamentaria - "el Grupo Socialista se ha rendido a las grandes empresas y a los conservadores", declaró un eurodiputado verde- ni a organizaciones ecologistas y asociaciones de consumidores.

"El acuerdo va a permitir que sigan en el mercado muchos productos químicos muy preocupantes, incluidos muchos que producen cánceres, problemas en los fetos y otras graves enfermedades", indicaba un comunicado suscrito por entidades como Greenpeace, según las cuales, "es una oportunidad perdida por Europa". Los consumidores consideran que los negociadores parlamentarios "han cedido demasiado".