Los municipios gallegos dejan la gestión de las brigadas en manos de la Xunta
El Ejecutivo anuncia sanciones para los propietarios que descuiden sus terrenos
Los ayuntamientos de Galicia han renunciado a la contratación de las brigadas antiincendios para que la lucha contra el fuego pase a depender de la Consellería de Medio Rural. La decisión figura en el borrador de la Ley de Prevención de Incendios que pretende corregir los problemas de coordinación durante la oleada de fuegos del pasado agosto. La Xunta de Galicia pretende profesionalizar las brigadas con cursos de formación y más medios materiales. La futura ley contempla además multas a todos los propietarios que no limpien sus montes.
La Xunta gastó el año pasado 70 millones en sofocar más de 7.000 fuegos declarados
Un mando único en manos de la Consellería de Medio Rural coordinará a partir de la próxima primavera a los 3.000 trabajadores de la lucha contra el fuego. La medida es parte del borrador de la Ley de Prevención de Incendios y ha sido consensuada por la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) en una reunión que los representantes de ambos organismos mantuvieron ayer en San Caetano, lasede del Gobierno . El Ejecutivo autónomo trata de corregir así las disfunciones del operativo que se pusieron de manifiesto durante la oleada de incendios que sacudió Galicia el pasado verano.
El objetivo de la Xunta es que las cuadrillas, que seguirán vinculadas a territorios concretos, alcancen un mayor grado de profesionalidad. Para ello, Medio Rural ha programado cursos de formación "suficientemente importantes", según Alfredo Suárez Canal, para que el personal de las cuadrillas pueda responder de una manera más adecuada en las situaciones de emergencia. Según el conselleiro, "serán brigadas mejor equipadas, mejor dotadas, que van a actuar mejor en la extinción de las llamas y que tendrán una vinculación al territorio".
Ésas son las principales novedades en materia de extinción para la próxima campaña. En la reunión de ayer, la Xunta entregó un acuerdo marco a los alcaldes para poner en marcha un plan de choque que obedece a la vieja máxima de que los incendios se apagan mejor en invierno.
El operativo, que se pondrá en marcha a principios de año para ordenar los montes, establece un plan de limpieza. Se trata de evitar que los incendios, cuando se produzcan, pongan en peligro a personas y casas. De que no se repita la sucesión de alertas 1 registradas durante el pasado verano que mantuvo en vilo durante varios días a provincias enteras como la de A Coruña y Pontevedra. Con este fin, Medio Rural establece un protocolo de limpieza y roza del bosque en el que quiere implicar a los ayuntamientos y a los dueños de los montes. También los pequeños propietarios, a los que la Xunta ofrecerá mecanismos de gestión, deberán cuidar sus terrenos.
Ese mantenimiento se convertirá en obligatorio en la futura ley que prepara el gobierno gallego. Algunas de las medidas que Medio Rural pretende poner en marcha estaban ya incluidas en un decreto, en vigor desde el mes de junio, que la consellería no había aplicado a raja tabla
La normativa establece franjas de protección de 25 metros sin árboles en el contorno de las urbanizaciones que tengan montes a menos de 400 metros. Y obligará también a los propietarios a mantener libres de maleza los bordes de los bosques con dos perímetros de seguridad, uno hacia dentro de 10 metros y otro por fuera de los árboles, de 25 metros más. En caso contrario los dueños podrán ser sancionados.
Según el conselleiro, serán medidas que no tendrán un afán recaudatorio, sino de concienciar a la sociedad de la importancia de mantener los bosques ordenados. Suárez Canal aseguró que "quien tenga el monte cuidado no va a tener problemas de ninguna índole".
Para el resto de propietarios la consellería establecerá una serie de multas, que aún no están tipificadas. Pese a lo que se había anunciado hace algunos meses, la Xunta no trasladará el coste global del incendio al propietario de los terrenos. Fuentes de Medio Rural han confimado que serán cantidades simbólicas que se calcularán teniendo en cuenta los medios que se hayan utilizado para apagar el fuego.
El Gobierno gallego intenta, de ese modo, recordar a la población que los incendios son también un grave problema económico. El año pasado la Xunta invirtió 70 millones de euros para extinguir los 7.000 incendios que se declararon en los bosques gallegos. La consellería recuerda que sólo la hora de vuelo de un helicóptero cuesta 2.700 euros.
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